El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Mariano Miranda, puso el foco en los desafíos estructurales que enfrenta el Poder Judicial, al advertir que tanto la seguridad jurídica como la eventual baja de la edad de imputabilidad requieren no solo reformas legales, sino también un sistema preparado para dar respuestas integrales.
Durante una entrevista en el programa Detrás de las Noticias, conducido por el doctor Guillermo Jenefes y la periodista Claudia Figueroa, el magistrado remarcó que “sin seguridad jurídica no hay inversiones posibles”, y profundizó en este concepto al señalar que no se trata únicamente de estabilidad normativa, sino de generar confianza en todo el sistema institucional.
En ese sentido, explicó que la seguridad jurídica implica reglas claras, previsibles y sostenidas en el tiempo, pero también un Poder Judicial eficiente, independiente y capaz de resolver conflictos en plazos razonables. “Una empresa que analiza invertir no solo mira la ley, sino cómo se aplica, cuánto demora un juicio, qué tan confiables son las decisiones judiciales y si existen garantías de imparcialidad”, sintetizó.
Miranda destacó que, en un contexto de competencia entre provincias y países por atraer capitales, contar con procesos judiciales ágiles, transparencia en los procedimientos y criterios uniformes —como los que se buscan articular con Salta— resulta clave para reducir la incertidumbre. “La demora o la imprevisibilidad terminan siendo costos ocultos que muchas veces desalientan inversiones”, advirtió.
En paralelo, el magistrado abordó uno de los debates más sensibles de la agenda nacional: la baja de la edad de imputabilidad. Si bien aclaró que la nueva legislación aún debe ser reglamentada, explicó que su implementación no puede pensarse únicamente desde lo punitivo. “La justicia va a actuar, pero es indispensable contar con espacios adecuados para la contención de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.
En ese sentido, subrayó que cualquier modificación en el régimen penal juvenil debe ir acompañada de políticas públicas coordinadas con el Poder Ejecutivo, que contemplen infraestructura, equipos interdisciplinarios y dispositivos de acompañamiento. “Más allá de la ley, siguen siendo sujetos protegidos por la Convención de los Derechos del Niño”, enfatizó.
El magistrado también vinculó este debate con hechos recientes de violencia protagonizados por menores, al señalar que muchos casos responden a contextos complejos atravesados por conflictos previos, lo que refuerza la necesidad de un abordaje multidimensional que incluya prevención, educación y contención social.
Por otro lado, detalló que el Poder Judicial jujeño avanza en la implementación del juicio por jurados, la creación de nuevas salas de apelación y la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, además de continuar con la transformación del fuero laboral hacia un sistema más ágil y eficiente.
Finalmente, Miranda sintetizó el objetivo central del sistema judicial: “No se trata solo de aplicar la ley, sino de hacerlo en tiempo oportuno y con una mirada que contemple la realidad social. Administrar justicia hoy implica dar respuestas eficaces, pero también comprender la complejidad de los conflictos actuales”.
