AUDITORIA
por La directora de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia, doctora Claudia Choque, advirtió que persisten los inconvenientes derivados de las auditorías implementadas por el Gobierno Nacional a los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral, las cuales ahora también alcanzan a menores de 18 años, a pesar de que inicialmente se había informado que serían únicamente para adultos.
"Tristemente, el recorte va por quienes más lo necesitan, que son justamente las personas con discapacidad", señaló Choque en una entrevista con un medio local. Según precisó, en la provincia existen alrededor de 32 mil personas con discapacidad, de las cuales más de 2 mil percibían este beneficio. Muchas de ellas comenzaron a recibir, desde abril, cartas documento notificando una auditoría.
Uno de los problemas más frecuentes se da en el interior de la provincia ya que las direcciones indicadas para presentarse a la auditoría no existen o no hay oficinas en funcionamiento. "Hemos trabajado con los municipios para que el juez de paz constate por acta que en el lugar y hora indicados no había nada", explicó.
En otros casos, beneficiarios nunca recibieron la notificación inicial y directamente les llegó la carta documento con la suspensión del beneficio. Frente a esto, Choque instó a la comunidad a no ignorar la notificación y contactar de inmediato al área de Inclusión de Personas con Discapacidad a través del WhatsApp 388-4564026, donde se brindan instructivos y requisitos para presentar la documentación.
La funcionaria también alertó que la medida afecta incluso a menores de edad con certificado de discapacidad, a pesar de que por ley no se trata de casos de invalidez laboral. "No es necesario tramitar un nuevo CMO, sino presentar estudios médicos actualizados", aclaró.
En cuanto a la documentación solicitada, detalló que se requiere el certificado de discapacidad vigente y estudios que respalden el diagnóstico. El Gobierno provincial, agregó, trabaja para agilizar turnos y facilitar gestiones, especialmente en el interior, mediante oficinas móviles.
Finalmente, Choque advirtió sobre posibles estafas: "Hemos detectado abogados que cobraban hasta 300 mil pesos para 'evitar' la pérdida de la pensión, cuando muchas veces el trámite puede hacerse gratuitamente desde las oficinas oficiales".
