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Créditos del Banco Nación: el listado completo de funcionarios, cargos y montos bajo la lupa

Un listado de funcionarios, asesores y legisladores que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación bajo la línea +Hogares generó fuerte polémica política y abrió cuestionamientos sobre transparencia y posibles conflictos de interés en la banca pública. Los montos superan, en algunos casos, los $500 millones.
Banco Nación .
04-04-2026
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Un listado de funcionarios públicos, asesores del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales que habrían accedido a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA) se convirtió en el eje de una controversia política y judicial en la Argentina en los últimos días.

La información surge de cruces de la Central de Deudores del sistema financiero y presentaciones judiciales, que pusieron bajo análisis el otorgamiento de préstamos UVA de alto monto en la banca pública.

El impacto político del caso fue inmediato y escaló al interior del Gobierno nacional a tal punto que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le solicitó la renuncia de Leandro Massaccesi a su cargo de Jefe de Gabinete del área, en el marco de las repercusiones generadas por las revelaciones sobre el esquema de créditos y su vinculación institucional. La medida se enmarca en una revisión interna de responsabilidades administrativas tras la difusión del listado.

El eje del debate está en la combinación entre cargos sensibles del Estado, niveles de endeudamiento elevados y posibles tensiones éticas vinculadas a la función pública.

Listado de beneficiarios: cargos, funciones y montos

  • Juan Pedro Inchauspe, director del BCRA. Monto: $510.654.000 (aprox. US$ 350.000)
  • Felipe Núñez, funcionario del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor en el área económica. Monto: $475.000.000 (aprox. US$ 315.000)
  • Federico Furiase, responsable de la política de financiamiento y deuda pública del Estado nacional. Monto: $376.059.000 (aprox. US$ 280.000)
  • Federico Sharif Menem, asesor en el ámbito legislativo nacional. Monto: $357.168.000 (aprox. US$ 255.000)
  • Santiago Santurio, legislador nacional en la Cámara de Diputados. Monto: $340.000.000 (aprox. US$ 230.000)
  • Mariano Campero, Legislador nacional. Monto: $322.000.000 (aprox. US$ 215.000)
  • Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de la empresa energética estatal YPF. Monto: $309.507.000 (aprox. US$ 207.000)
  • Alejandro Bongiovanni, legislador nacional. Monto: $255.000.000 (aprox. US$ 170.000)
  • Lorena Villaverde, legisladora nacional. Monto: $227.000.000 (aprox. US$ 155.000)
  • Juan Pablo Carreira, responsable de estrategia de comunicación digital en el ámbito del Estado. Monto: $113.000.000 (aprox. US$ 77.000)
  • Leandro Massaccesi, Ex jefe de Gabinete en el Ministerio de Capital Humano. Monto: no especificado públicamente

La controversia no se centra únicamente en la existencia de los créditos, sino en la magnitud de los montos otorgados en relación con los perfiles de ingresos y jerarquía funcional de algunos de los beneficiarios.

En varios casos, los préstamos habrían sido otorgados bajo el esquema UVA, que ajusta el capital por inflación, y permite financiar hasta el 90% del valor de la propiedad para empleados del sector público.

Esto generó cuestionamientos sobre si el sistema presenta ventajas estructurales para funcionarios frente al resto de los solicitantes del mercado privado.

Investigaciones y pedidos de informes

La difusión del listado derivó en pedidos de informes legislativos y denuncias judiciales que buscan determinar si es que se respetaron los criterios técnicos de evaluación crediticia, si hubo intervención de autoridades políticas en casos específicos y cómo se justifican los niveles de endeudamiento aprobados. Además si los beneficiarios fueron tratados como personas políticamente expuestas (PEP).

Desde el Banco Nación sostienen que el sistema es automatizado, sin discrecionalidad política, y basado en capacidad de pago, ingresos formales e historial crediticio.

También argumentaron que los salarios depositados en la propia banca pública fortalecen el "scoring" de los solicitantes, lo que explicaría parte de las aprobaciones.