El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) resolvió comenzar el primero de junio con el proceso Revisión Tarifaria Integral (RTI) que determinará los aumentos en la tarifa de luz durante los próximos cuatro años.
Esta revisión establecerá las alzas en las tarifas del servicio público de distribución y de transporte de energía eléctrica para los próximos cuatro años, del 2024 al 2028. Así lo establecieron las resoluciones 363/2023 y 364/2023 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
En el caso del servicio de distribución, la medida alcanza a las empresas Edenor y Edesur. Por otro lado, en transporte, las empresas afectadas son Transener, Transnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo, Transco y EPEN.
Según destacó el ENRE en un comunicado oficial, durante este proceso “se determinarán los nuevos parámetros de calidad de servicio para el próximo quinquenio”. Además, destacó que “las tarifas no aumentarán durante el resto de 2023″.
En mayo habrá un aumento en la tarifa de luz para un sector de la población
Por otro lado, en mayo se le quitará el subsidio al sector con ingresos más altos de la población y a aquellos que no hayan solicitado mantenerlo. Según indicó la Secretaría de Energía, el alza rondará el 60%.
Este incremento aplicará a todo el país y alcanzará aquellos hogares calificados como N1, según el régimen de segmentación de subsidios residenciales de los servicios públicos de electricidad y gas establecido por el gobierno el año pasado.
Se trata de más de 4,5 millones de hogares que tendrán que, a partir de mayo, tendrán que pagar el costo total de la electricidad. La revisión integral, por otro lado, solo afectará a las empresas distribuidoras del área metropolitana.
Durante las próximas semanas, el ENRE deberá elaborar las pautas y el cronograma del proceso, durante el cual se convocará a audiencias públicas para evaluar las propuestas de las empresas y escuchar las opiniones de todos los sectores.
El ENRE efectuará el análisis y la evaluación técnico-económica que permitirá definir los parámetros de calidad de servicio, las adecuaciones de procedimientos y regulaciones vigentes.
Además, establecerá las inversiones que deberán realizar las empresas concesionarias durante el próximo mandato presidencial.