SENADO
por Después de dos empates consecutivos, el Senado finalmente dio luz verde al pliego de la jueza Ana María Figueroa, lo que ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el Senado y la Corte Suprema de Justicia. La magistrada, quien estaba a cargo de la causa Hotesur-Los Sauces, fue retirada de sus funciones por el máximo tribunal al cumplir los 75 años. La votación en el Senado culminó con un empate de 35 a favor y 35 en contra, y la decisión fue finalmente tomada por Claudia Abdala, presidenta provisional del Senado.
El kirchnerismo, encabezado por Cristina Kirchner, hizo valer su posición en el Senado y aprobó el pliego de Figueroa, desafiando así la resolución de la Corte Suprema que la jubiló. El Frente de Todos subrayó que la autoridad para resolver este asunto recae en el Senado y que el pliego, mientras esté en proceso durante las sesiones ordinarias, es válido. Esta acción ha generado una disputa entre los poderes del Estado.
El trasfondo de esta controversia se encuentra en el hecho de que Figueroa estaba a cargo de la causa Hotesur-Los Sauces, un caso de gran importancia para Cristina Kirchner. El kirchnerismo ya había adelantado que contaba con los votos necesarios para aprobar el pliego.
La senadora Anabel Fernández Sagasti, enfatizó que la Corte había intervenido en prerrogativas exclusivas del Senado y que en el pasado se había aprobado la designación de jueces después de cumplir los 75 años. Además, señaló que esto ocurrió tanto durante el gobierno actual como el anterior, bajo la presidencia de Mauricio Macri.
A principios de este mes, la Corte determinó que la presidenta de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, dejaba su cargo al cumplir los 75 años y que Figueroa no había obtenido un nuevo acuerdo del Senado para mantenerse en su posición.
La Corte también decidió informar al Consejo de la Magistratura sobre esta resolución, lo que implica la suspensión del sueldo de la jueza y la apertura de un concurso para reemplazarla. Además, la Corte derogó una resolución previa del Consejo de la Magistratura que permitía una especie de prórroga en la función después de los 75 años, a la espera de una decisión del Senado sobre la reválida.
La Corte recordó en sus fundamentos que en el caso "Schiffrin" de 2017, se restableció la validez constitucional que establece el límite de los 75 años y la necesidad de un nuevo acuerdo del Senado para mantenerse en el cargo en caso de alcanzar esa edad, aunque un juez disintió argumentando la inconstitucionalidad de dicho límite.
