El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó la ordenanza municipal que propone multar a las personas que tiren colillas de cigarrillo en la vía publica. Con esta medida intenta que los fumadores de la ciudad respeten al ambiente.
"Quien arroje colillas de cigarrillos y/o cigarros y/o filtros en el espacio público es sancionado con apercibimientos, trabajos comunitarios relacionados al cuidado del medio ambiente, una multa de tres (3) a diez (10) mil pesos", dicta el artículo 225 bis que será incorporado a la ley de Ambiente e Higiene Urbana del Código de Convivencia de la Ciudad.
Por otra parte y para abastecer a la ciudad d elugares donde puedan ser arrojadas estas colillas de cigarrillo, la ordenanza prevé la instalación de ceniceros y cartelerìa pertinente. Esto afecta principalmente a shoppings, salones de fiesta, galerías de comercios, comercios en particular y establecimientos de alojamiento temporarios, entre otros.
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La Secretaria de Gestión Ambiental y Sostenibilidad será la encargada del control de esta reglamentación. "Con esta iniciativa se busca desalentar la práctica de tirar las colillas de los cigarrillos a la calle. Según una encuesta realizada en Córdoba, tres de cada diez cordobeses adultos fuma regularmente. Eso significa que más de 300 mil personas son fumadoras en la ciudad. Son muchas colillas que se tiran a la calle por día contaminando el suelo, el subsuelo y el aire y cuando llueve, son arrastradas hacia los desagües pluviales, contaminado los ríos hasta su camino al mar", establece sobre los objetivos el decreto.
“El Municipio debe comenzar una campaña de concientización y visibilizarían de esta problemática, pero a la vez debe poner sanciones firmes para que esta costumbre tan nociva deje de realizarse”, apuntó el concejal Juan Negri .
La iniciativa, fue presentada por los concejales de Córdoba Cambia Juan Negri y Eugenia Terré. Negri aseguró que el objetivo es generar conciencia. “Una sola colilla de cigarrillos puede contaminar 60 litros de agua”, aseguró.
La iniciativa se implementaría en un plazo de seis meses y los infractores serán controlados por inspectores municipales.
