Apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora quisieron retirar 31.900.000 de dólares en efectivo por ventanilla. Sucedió en una sucursal del Banco Hipotecario de Santiago del Estero.
La Justicia evitó el cobro y ahora, la operación está siendo investigada.
Según publica Infobae, desde el Banco Hipotecario pidieron explicaciones ante el pedido de retiro de semejante cifra.
Desde el gobierno de Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.
Entonces, el banco pidió que se justificara esa emergencia luego de advertir que los salarios no se pagan ni en efectivo ni en dólares.
Pero además, el banco le advirtió a la Provincia que el retiro en efectivo de esa cifra tiene un costo adicional de 400.000 dólares, por lo que, si la operación se hacía en forma electrónica, se podrían ahorrar ese pago.
No hubo forma. El Gobierno de Zamora insistió que quería hacer el retiro en efectivo.
ACCIÓN JUDICIAL
Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia. Una jueza civil y comercial provincial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva.
A la acción judicial se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.
Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Estado que previene el lavado de dinero.
Esa oficina - agrega Infobae - pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.
La Procelac pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechoso.
Mientras que la semana pasada la jueza federal María Servini dispuso una medida cautelar que frenó, por 10 días hábiles, el pago de esa suma.
Ahora, la Provincia deberá explicar el porqué de la decisión.
Fuente: La Voz del Interior
