JUSTICIA
por La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó el operativo para devolver al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero k”. Este proceso, que tiene como objetivo la ejecución de la sentencia dictada en abril de 2021, abarca más de 60 millones de dólares en bienes e inmuebles de Báez y su familia.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), a cargo del juez Néstor Costabel, recibió un oficio de la Corte Suprema en el que se informó que se ha dispuesto el decomiso de sumas de dinero y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos a través de subastas de bienes a nombre de Lázaro y Martín Antonio Báez. Además, la Corte ordenó que los bienes sean registrados bajo su titularidad, en cumplimiento con las normativas del Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.
El monto de los bienes decomisados
Según los cálculos derivados de la sentencia de 2021, el total de lo decomisado asciende a aproximadamente 61,13 millones de dólares, desglosados en varias sumas: 54,87 millones de dólares, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares, además de 4,17 millones de pesos argentinos, ajustados por la inflación. El fallo original había estipulado que, una vez firme, se procederían a ejecutar los decomisos de todos los bienes embargados, lo cual fue ratificado tanto por la Cámara Federal de Casación Penal como por la Corte Suprema a principios de 2025.
El proceso de decomiso ha estado marcado por tensiones políticas y judiciales, luego de que el Gobierno nacional promulgara el Decreto 575/2025, creando el Consejo de Bienes Recuperados bajo el Ministerio de Justicia. Este organismo tendría a su cargo la supervisión de los bienes decomisados. Sin embargo, la Corte había señalado previamente que la gestión de estos activos debería estar bajo la responsabilidad de los jueces penales para preservar la independencia judicial.
En respuesta, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda argumentando que el decreto vulneraba las competencias del Poder Judicial. En octubre de 2025, el juez federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al considerar que alteraba de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes ilícitos y afectaba la autonomía de la Corte Suprema.
La causa "Ruta del Dinero K"
La causa que involucra a Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones ha revelado un complejo esquema de lavado de dinero que operó entre 2010 y 2013. Durante este período, se estableció que Báez, a través de su empresa y con la colaboración de la financiera SGI, llevó a cabo maniobras para trasladar fondos ilícitos al exterior y luego reintegrarlos al país. Se estima que un total de USD 54.87 millones fueron expatriados y reingresaron al sistema financiero, pasando por bancos con bajos controles fiscales y simulando una inversión en la empresa ACSA.
La investigación también vinculó a Báez con el caso "La Rosadita", una de las operaciones de lavado más conocidas, y con otras maniobras como la compra de un campo en Mendoza y un departamento en Buenos Aires a través de Leonardo Fariña. Además, se documentaron pagos relacionados con el casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, así como la adquisición de autos de lujo, como un Ferrari California, un BMW X6 y un Audi R8 Spyder.
Con esta sentencia y el decomiso de los bienes, la Corte Suprema de Justicia da un paso importante en la recuperación de fondos para el Estado, en el marco de una de las investigaciones más complejas de lavado de dinero en la historia reciente de Argentina.
