La Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves el recurso presentado por el Gobierno Nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización salarial del personal docente y no docente, y a la recomposición de programas estudiantiles.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso extraordinario impulsado por el Poder Ejecutivo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que decidieron rechazar la presentación.
De esta manera, el máximo tribunal mantuvo vigente, en esta etapa del proceso judicial, la cautelar dictada previamente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al Gobierno cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
La causa se inició a partir de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas, que cuestionaron la constitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
La medida judicial obliga al Estado a actualizar los salarios universitarios desde diciembre de 2023 y a recomponer los programas destinados a estudiantes, aunque no incluye la totalidad de las partidas previstas en la ley, como los fondos de funcionamiento correspondientes a 2024 y 2025.
No obstante, la decisión de la Corte no tendrá un impacto económico inmediato, ya que el pasado 10 de junio el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario y los gremios docentes y no docentes firmaron un acuerdo que contempla un incremento del 24,33% en la masa salarial, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de los recursos destinados a hospitales universitarios.
Además, el acta incluyó una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano y estableció un nuevo encuentro paritario para septiembre con el objetivo de continuar analizando la evolución salarial.
Si bien el expediente principal, que analiza la constitucionalidad del decreto presidencial, continúa su curso, la decisión del máximo tribunal representa un respaldo a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario mientras se resuelve la cuestión de fondo.
