La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que una funcionaria nacional confirmara ante la Justicia que le prestó su tarjeta de crédito para la compra de un monitor gamer valuado en más de 2 millones de pesos.
Se trata de Laura Schiuma, directora General de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, quien se presentó en Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Durante su testimonio, Schiuma reconoció haber facilitado su tarjeta de crédito a Adorni para adquirir un monitor Samsung Odyssey OLED G8, cuyo valor ascendió a $2.185.000. Según explicó, ambos habían acordado que el entonces funcionario le devolvería el dinero en efectivo.
La compra fue realizada el 19 de agosto de 2025, cuando Adorni aún se desempeñaba como vocero presidencial y percibía un salario cercano a los 3,5 millones de pesos mensuales.
La declaración se produjo luego de que la Justicia detectara diversas operaciones realizadas por Adorni mediante tarjetas de crédito pertenecientes a terceros, en su mayoría empleados de áreas dependientes de la Jefatura de Gabinete.
De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría vinculado tarjetas ajenas a su cuenta de Mercado Pago, lo que permitió a los investigadores rastrear las compras y determinar quiénes eran los titulares de los medios de pago utilizados.
La causa también analiza otras adquisiciones efectuadas con tarjetas de empleados del área de Comunicación, entre ellas la compra de proyectores abonados con plásticos pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno.
Los investigadores sospechan que estos equipos habrían sido destinados a equipar la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
En paralelo, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti. Para ello, solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) un informe técnico que permita comparar los ingresos declarados con el crecimiento de su patrimonio.
Entre los bienes bajo análisis figuran un departamento en el barrio porteño de Caballito, una vivienda en Indio Cuá y ahorros en pesos y dólares.
La investigación continúa mientras se aguardan los resultados de las nuevas pericias patrimoniales y otras medidas impulsadas por la fiscalía.
