El Gobierno volvió a postergar una suba de impuestos sobre los combustibles, que debía regir desde este miércoles 1° de junio, para evitar que se trasladara a los precios del surtidor y el impacto que tendría en la inflación.
Lo hizo mediante el decreto 285, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández. Se trata de la sexta vez que se posterga la aplicación de la actualización de impuestos sobre los combustibles líquidos de trimestres previos que se rige por la inflación acumulada en los períodos previos.
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De esta manera, en momentos en que apunta a una desaceleración de la inflación tras los altos registros de marzo y abril, la nueva suspensión busca restar presión sobre los valores de los combustibles, cuyo último incremento de 11% promedio se dio a principios de mayo y que son considerados como subas “de segunda vuelta” porque se trasladan al resto de las actividades.
Las actualizaciones por inflación de los gravámenes sobre los combustibles líquidos quedaron en suspenso durante todo 2020, luego hubo dos subas y posteriormente se prorrogaron las alzas de todo 2021 y se sumó la actualización del primer tramo de 2022.
Con la firma del Presidente; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el decreto 285 posterga una vez más y por 90 días la actualización de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC).
Ambos gravámenes tendrían que haber subido en mayo y julio de 2022 por inflación del primer y segundo trimestre de 2021. También debían subir en octubre por el IPC del tercer trimestre. En mayo tendrían que haber aumentado sobre la base del IPC del cuarto trimestre del 2022, y en agosto por la inflación acumulada entre enero y marzo últimos.
En los considerandos del decreto, se remarcó que se mantienen suspendidas las alzas por inflación correspondientes al calendario del año 2021 y del primer trimestre de 2022 a fin “de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”.
Justificó también que “tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.
El Gobierno quiere modificar la manera en que ambos impuestos impactan sobre los precios al surtidor.
Por una reforma de 2017, se cambió de porcentaje fijo por la actualización que sigue la inflación trimestral, algo que el gobierno de Fernández decidió dejar en suspenso casi todo 2020 y desde mayo hasta el momento ante la escalada de los precios y el impacto que hubiera tenido en medio del año electoral.
La apuesta oficial era realizarlo mediante la nueva ley de promoción de la actividad petrolera, que incluía un nuevo cálculo para los impuestos sobre los combustibles fósiles: volver a un porcentaje fijo sobre el precio final del producto.
Esa ley aún está pendiente de tratarse en el Congreso, por lo que el Gobierno sigue postergando la aplicación de esas alzas.
Fuente: Todo Noticias
