SANTA FE
por La provincia de Santa Fe atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras el inicio de una serie de protestas, "sirenazos" y acuartelamientos por parte de efectivos policiales. El conflicto, que escaló este martes 10 de febrero de 2026, mantiene en vilo al gobierno de Maximiliano Pullaro tras el pase a disponibilidad de 20 agentes involucrados en las manifestaciones.
A continuación, los puntos centrales que explican el malestar en las fuerzas de seguridad santafesinas.
1. Salarios por debajo de la línea de pobreza
El reclamo principal se centra en una recomposición salarial urgente. Según voceros de los policías autoconvocados, un agente ingresante percibe entre 800.000 y 900.000 pesos de bolsillo, cifra que consideran insuficiente para cubrir la canasta básica total.
"No puede ser que estemos dando todo a la sociedad y nos paguen una miseria; gano 700 mil pesos y tengo que alquilar", graficó una oficial durante las protestas en Rosario. El sueldo básico de un suboficial se encuentra estancado en torno a los 220.000 pesos, lo que afecta directamente el cálculo de las horas extras y las jubilaciones.
2. Una crisis de salud mental alarmante
El detonante emocional del conflicto fue el suicidio de un suboficial de 32 años en la Jefatura de Rosario, quien se encontraba con carpeta médica y fue instado a volver al servicio. Este hecho visibilizó lo que los gremios denominan una "pandemia silenciosa": solo en Rosario se registraron 25 suicidios policiales durante 2025.
Los efectivos denuncian la falta de protocolos de contención y un presupuesto de salud mental que apenas representa el 0,02% del total provincial. "Cuando el personal hace crisis en su situación social, económica y psíquica, la crisis es total", advirtió Liliana Ritvo, referente de los retirados.
3. El drama del desarraigo
Gran parte de la fuerza operativa en Rosario proviene del norte provincial (Vera, Reconquista, Tostado) y debe recorrer hasta 800 kilómetros para prestar servicio. Los agentes denuncian que deben "hacer dedo" en las rutas debido a que los costos de transporte consumen gran parte de su salario.
Esta situación implica semanas lejos de sus familias, alojamientos precarios y un desgaste físico que afecta la operatividad en las calles.
4. Rechazo a la reforma previsional
El malestar se profundizó con la sanción de la Ley 14.283, que modificó el régimen jubilatorio y aumentó los aportes de los agentes activos y retirados bajo el concepto de "Aporte Solidario". La reforma obliga a los efectivos a prolongar su vida activa bajo condiciones de mayor exigencia y menor retorno económico al momento del retiro.
5. Sanciones y bonos de emergencia
Ante la escalada del conflicto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó el pase a disponibilidad de al menos 20 agentes por "abandono de servicio" y "acciones violentas". Simultáneamente, el Gobierno anunció un plus de 500.000 pesos para personal de calle en grandes ciudades y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial a 160.000 pesos.
Pese a los anuncios económicos, el conflicto permanece abierto. Los sectores gremiales advierten que estas sumas son "paliativos no remunerativos" que no solucionan el problema de fondo del salario básico. Mientras tanto, la justicia investiga posibles delitos de sedición en el marco de las protestas.
