Culpa, condena y grieta: paradoja argentina tras el fallo contra Cristina Kirchner
La Argentina, al igual que muchas naciones en el panorama global, se encuentra en un momento donde gran parte de la política se desenvuelve en los tribunales. Este fenómeno, que observa a exmandatarios investigados, procesados e incluso encarcelados en diversas partes del mundo, pone de manifiesto la fragilidad de nuestras instituciones y el desafío constante de consolidar una República donde todos rindan cuentas. Es profundamente triste para un país que sus expresidentes terminen indefectiblemente bajo el escrutinio y el peso de la justicia.
Si bien procesar y condenar a funcionarios que incurren en comportamientos ilícitos es esencial para una República donde todos deben someterse al imperio de la ley, surge una complejidad particular cuando los involucrados son líderes elegidos por los ciudadanos, a menudo muy populares. En estos casos, los procesos judiciales contra ellos se perciben inevitablemente como políticos y se convierten en divisivos para la sociedad. La encuesta de Mora Josami refleja esta fractura: un 56% de los argentinos considera culpable a Cristina Kirchner, mientras un 30% la defiende como inocente, y un 14% se abstiene de juzgar. Esta división numérica es el termómetro de una grieta que transforma todo fallo judicial en un campo de batalla identitario.
En democracias de baja intensidad, como se describe a Argentina, con un sistema relativamente consolidado pero deficiente y disfuncional, la persecución política excesiva es más probable y potencialmente más dañina.
La debilidad y dependencia del poder judicial facilitan que los líderes políticos lo utilicen, ya sea para ampliar su propio poder o para eliminar a un oponente. Esta judicialización exagerada de la política contribuye a ensanchar la grieta que atraviesa la sociedad, donde las investigaciones judiciales y sus resultados son despreciados por una u otra parte, generando un círculo vicioso que daña profundamente el sistema democrático. La idea de "presos políticos" y democracia son términos contradictorios, por lo que una justicia fuerte e imparcial es fundamental.
La Justicia argentina ha sido históricamente percibida como débil y obediente frente al poder, una debilidad motivada por garantizar la impunidad de este. Este panorama ha permitido que la corrupción se convierta en un auténtico modelo de acumulación de poder político, económico y sindical, que ha sido utilizado tanto por el neoliberalismo de Menem y Macri como por el falso progresismo del kirchnerismo.
La condena firme de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por corrupción en la "causa Vialidad" -ratificada por la Corte Suprema- es un claro ejemplo de este fenómeno y subraya su culpabilidad en delitos concretos, pese a su defensa de una supuesta persecución (lawfare).
La corrupción es incompatible con los Derechos Humanos, viola el Derecho de Igualdad ante la Ley y los Derechos de las Víctimas. Además, es la causa principal de la decadencia económica de nuestro país.
Frente a las acusaciones judiciales que enfrentaron figuras como la expresidenta Cristina Kirchner, se planteó en ocasiones la tesis del "lawfare", sugiriendo una persecución judicial injustificada hacia líderes populares. Sin embargo, esta tesis queda desestimada al considerar que tiene un endeble fundamento teórico y empírico, dado que el enjuiciamiento y condena de presidentes por casos de corrupción es un fenómeno generalizado que atañe a líderes de diversas ideologías alrededor del mundo. La sentencia firme contra Kirchner -respaldada por pruebas documentales, testimonios y auditorías sobre desvíos millonarios en obras públicas, refuerza que se trató de un caso de corrupción probado, no de una mera persecución política.
La situación de la expresidenta Cristina Kirchner ya no es de estar "acechada por causas judiciales" sin veredicto definitivo; la justicia ha dictado sentencia y la ha declarado culpable. Si bien sus procesos fueron y son percibidos a través de la "grieta política", la condena firme por corrupción confirma la existencia de un comportamiento ilícito y establece su responsabilidad penal. Esta determinación judicial es acorde con el principio fundamental de que procesar y sancionar a funcionarios corruptos es esencial para una República. La impunidad de la corrupción, como la que prevaleció durante tanto tiempo, socava gravemente la confianza en la Ley y la Justicia.
Para que cualquier plan económico o política antinflacionaria tenga éxito en Argentina, es imprescindible desmontar este modelo de poder basado en la corrupción que ha generado que el 82% de los argentinos tenga escasa, baja o nula confianza en la Justicia. La inflación, de hecho, se ve como una expresión de la desconfianza social en la Ley. Recuperar la confianza en la Justicia y en la Ley exige terminar con la impunidad de los Delitos del Poder, garantizando condenas firmes y de cumplimiento efectivo, en especial en los delitos de Corrupción, como la que finalmente recayó sobre la expresidenta Kirchner.
La sociedad, como víctima de la corrupción, tiene dos derechos humanos fundamentales que deben garantizarse: que se castigue a los responsables y que se recuperen los bienes robados por la corrupción. La condena a Cristina Fernández es un paso necesario en el castigo a los responsables. Solo con medidas en esta línea, como avanzar en la ejecución de esta y otras condenas firmes y la recuperación de activos, la sociedad recuperará de inmediato la confianza en la Ley y en la Justicia, y a partir de allí, los planes económicos podrán funcionar.
De lo contrario, estaremos condenados a seguir "suicidándonos cada 10 o 15 años".