ESTAFAS
por La Justicia Federal de San Rafael (Mendoza) avanzó este viernes en la investigación sobre la adulteración de cientos de certificados y el cobro ilegal de dinero a cambio de pensiones no contributivas por invalidez, en una causa en la que ya imputó a once personas.
Tras varios allanamientos, el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, ordenó la detención y traslado a la cárcel a cuatro mujeres, quienes están sindicadas de liderar la asociación ilícita que se dedicaba a captar desempleados y cobrarles sumas desde 40.000 pesos a cambio de “pensiones truchas”, en una maniobra de defraudación al Estado.
En tanto, otras siete personas se abstuvieron a declarar en las últimas horas, entre las cuales hay tres abogados, una empleada, dos traumatólogos y un psiquiatra.
“Se está investigando para determinar quiénes fueron las personas que accedieron a pensiones no contributivas con adulteración de la documentación y podrían ser imputados en la causa”, dijo el fiscal federal Ignacio Sabás.
En declaraciones radiales a la emisora Fm Vibra, el fiscal indicó que “hay mucha documentación secuestrada que tenemos que analizar, asimismo se ha pedido el listado de pensiones otorgadas a la Agencia Nacional de Discapacidad que fue el emisor de la misma”.
Se trata de Norma Bravo, quien actuaba de gestora y contaba con la complicidad de varios médicos investigados, entre ellos dos conocidos traumatólogos y un psiquiatra de San Rafael; abogados y dos gestoras que se hacían pasar por agentes de Anses.
La mujer solía frecuentar una policlínica privada y el hospital Schestakow, ambos de San Rafael, organismos desde donde sus directivos aclararon hoy que no tienen relación con la modalidad delictiva, pero era en ambos establecimientos sanitarios donde se ofrecían este tipo de servicios, que según testigos, habían comenzado en marzo pasado.
La causa se inició como desprendimiento de otra que está investigando el fiscal federal Guillermo Marijuan, donde ya se había denunciado a Norma Bravo”.
