Una investigación judicial destapó una presunta red de corrupción en los controles viales del Norte Argentino y derivó en la detención de siete efectivos de la Policía Federal, acusados de cobrar coimas a organizadores de tours de compras y bagayeros para permitir el traslado de mercadería de contrabando.
El procedimiento, denominado "Operación Prisma", fue impulsado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, luego de una denuncia que advertía sobre maniobras ilegales en el puesto de control de Rapelli, ubicado cerca del límite con Tucumán.
Para comprobar las sospechas, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones realizaron tareas encubiertas e incluso se infiltraron en un tour de compras haciéndose pasar por pasajeros. Durante el operativo entregaron billetes previamente marcados cuando les solicitaron dinero para pagar los presuntos sobornos, mientras personal de Gendarmería Nacional monitoreaba el procedimiento.
Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron 8 millones de pesos, teléfonos celulares, el libro de guardia del destacamento y un cuaderno con anotaciones que podría contener registros de los pagos ilegales y aportar nuevos elementos a la causa.
De acuerdo con la hipótesis de la investigación, los montos para permitir el paso de la mercadería estaban tarifados: los pasajeros de los tours de compras habrían abonado 100 mil pesos, las camionetas 80 mil, los utilitarios 50 mil y los automóviles 40 mil.
Además, la mercadería transportada en el colectivo utilizado durante la investigación fue valuada en aproximadamente 700 millones de pesos, lo que refleja la magnitud de las maniobras que se investigan.
Por orden de la Justicia fueron detenidos la subinspectora Ivon Janet Herrera, el sargento Matías Trejo y los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté, Walter Maximiliano Valdivieso y Mauro Nicolás Lazarte, todos con domicilio en Tucumán.
