DEBATE
por La licuación de las jubilaciones y pensiones por el efecto corrosivo de la inflación tuvo dos efectos inmediatos: el primero, que el Gobierno pueda exhibir que alcanzó superávit financiero durante el primer bimestre del año. El segundo, una caída estrepitosa en el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. Aún con los últimos aumentos y bonos anunciados por el Gobierno para el mes próximo, se estima que tendrán una pérdida en el poder de compra del 33% en términos reales respecto de marzo del año pasado.
“Esta situación no aguanta demasiado más: debemos modificar la fórmula de movilidad jubilatoria cuanto antes”, coinciden los bloques de oposición dialoguista que esperan, impacientes, el inicio ordinario de sesiones -el próximo viernes- para consensuar un texto común y llevarlo al recinto. Incluso el bloque de diputados de Pro, que actúa como un satélite aliado al oficialismo, será de la partida: la diputada María Eugenia Vidal anticipó que su propuesta para indexar los haberes jubilatorios con el índice inflacionario estará lista el 1° de marzo, fecha en la que el Congreso retomará el control de la agenda parlamentaria.
En la Casa Rosada conocen el clima que hay en el Congreso entorno a este tema. Con muy bajo perfil, una mesa técnica está trabajando en una serie de decretos y de proyectos de ley para enviar al Congreso en las sesiones ordinarias, que ya no serían iniciativas “ómnibus”, sino puntuales. Y uno de los temas que hoy está sobre la mesa es el cambio del régimen previsional.
Según pudo reconstruir LA NACION, el proyecto que está elaborando el Poder Ejecutivo para cambiar la fórmula jubilatoria tiene dos componentes: la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la sanción de la reforma y un mecanismo para “separar jurídicamente a quienes aportaron al sistema de los que no lo hicieron”. “No le puede aplicar el mismo régimen a uno u otro”, sentenciaron en la Casa Rosada, aunque no brindaron más detalles.
Discusión en el Congreso
En el Congreso, las cuatro fuerzas dialoguistas -Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- junto a la izquierda y la bancada peronista kirchnerista reúnen la fuerza (y los votos) más que suficientes para revertir cualquier eventual intento dilatorio del oficialismo: está claro que al gobierno de Javier Milei. Con la actual fórmula jubilatoria -que no contempla la inflación como componente de actualización- el Gobierno se limita a dar los aumentos trimestrales que marca la ley y suma bonos discrecionales.
La semana pasada el ministro Luis Caputo anunció un aumento para marzo del 27,18% y un bono de $70.000 para los haberes mínimos. Con estos valores, se estima que los haberes mínimos tendrán una pérdida del poder de compra del 33% en relación a marzo 2023. Y los que no cobraron ni cobrarán el bono, la pérdida se eleva al 44% en 12 meses. El titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, precisó que para que los haberes recuperen el nivel de marzo de 2023 el bono debería ser de $170.000 el mes que viene, en abril y en mayo. Aunque eso no compensaría la caída de los últimos meses.
“El problema es que no hay plata”, fue la respuesta del presidente Milei cuando se lo consultó sobre el ajuste en los haberes jubilatorios. Acto seguido, a manera de justificación, señaló que el sector etario con menos pobres en la Argentina es el de los jubilados. Lo comparó con el de la niñez. “Ahí hay más de 60% de pobres o, mejor dicho, dos tercios de los chicos son pobres”, sostuvo. Hay, detrás de sus declaraciones, una concepción que anida en el proyecto libertario y que privilegia el gasto en la niñez sobre los adultos mayores.
El presidente responsabilizó a los legisladores que rechazaron su “Ley de Bases” en la Cámara de Diputados por la situación actual de los jubilados. “Voltearon la Ley de Bases, en donde estaba la recomposición de los jubilados. Es decir, con la dinámica que traía la fórmula, los jubilados iban a perder 2 puntos del PBI. Nosotros le devolvíamos un punto y medio”, señaló.
En rigor, el presidente apeló a medias verdades en sus dichos. La intención original de la “Ley de Bases” era suspender la ley de movilidad jubilatoria sin plazo e instrumentar aumentos por decreto de manera discrecional. Ante el rechazo unánime de la oposición -que rápidamente advirtió que la principal variable del ajuste fiscal iba a pasar por las prestaciones previsionales-, el Gobierno ofertó, como contrapropuesta, que los haberes jubilatorios se indexen por inflación, pero recién a partir del 1° de abril.
Esta nueva oferta entrañaba una trampa, señaló la oposición: si bien el Gobierno incorporaba a la inflación como componente de movilidad, eludía incluir al mes de enero en la actualización de los haberes. En efecto, si se aprobaba la propuesta del Gobierno, los aumentos por inflación a ser otorgados el 1 de abril debían computar el IPC de febrero, ya que el de marzo recién se publica a mediados del mes siguiente. Ergo, el Gobierno se “ahorraba” la actualización de enero, que tuvo un pico inflacionario del 20,6%.
Los bloques dialoguistas rechazaron por insuficiente la contraoferta del Gobierno y el presidente Milei, ofuscado, decidió retirar el paquete fiscal del proyecto de ley ómnibus. Los legisladores volvieron a la carga: cuando llegó la instancia de la discusión del articulado, la Coalición Cívica adelantó que propondría incorporar un artículo para que las jubilaciones y pensiones se indexen por inflación no desde abril, sino desde enero.
Las luces de alarma se encendieron en el tablero oficialista y de sus aliados de Pro: difícilmente iban a poder resistir la ofensiva de los bloques opositores. Se encaminaban hacia una derrota segura. A regañadientes, los funcionarios de Economía diseñaron de urgencia una nueva fórmula de movilidad jubilatoria para intentar acercar posiciones. Sin embargo, esa instancia jamás llegó: cuando la oposición comenzó a voltear los primeros artículos del proyecto -los referidos a la delegación de facultades extraordinarias-, Milei dio la orden de retirar el proyecto al grito de “delincuentes” y “extorsionadores”.
La propuesta del Gobierno que quedó trunca preservaba la intención de indexar los haberes jubilatorios a partir de abril aunque accedía a tomar un 10% de la inflación de enero, mes que quedaba fuera de toda actualización. La diputada Vidal retomará esta idea en su proyecto de ley, según anticipó a LA NACION. Confía en poder acercar posiciones con los diputados de la Coalición Cívica, que insistirán en su proyecto de que la indexación compute el mes de enero de manera plena, con un refuerzo del 10% para los haberes de marzo en concepto de pago a cuenta de las prestaciones de abril.
Los adláteres de Elisa Carrió cuentan con el apoyo de Hacemos Coalición Federal, el interbloque al que pertenecen. Así lo anticipó Nicolás Massot a LA NACION. El radicalismo también quiere dar el debate. “La situación de los jubilados ha sido una prioridad desde el minuto uno para nuestro partido -enfatizó Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada-. Si logramos articular una mayoría que acuerde una fórmula jubilatoria que evite que los jubilados sigan pagando con haberes de pobreza, el radicalismo acompañará”.
Más allá de la discusión de una nueva fórmula previsional que permita recomponer el valor adquisitivo de los ingresos de los jubilados -que es lo urgente-, la clave es avanzar también en una reforma jubilatoria integral, sostiene Vidal. “Será para una segunda etapa de discusión”, enfatiza la legisladora. Se trata de un debate tan complejo como espinoso: cuestiones como los regímenes jubilatorios especiales, la edad jubilatoria -actualmente de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres-, merecen una revisión, sostiene. “Ni qué hablar el privilegio de aquellos que cobran doble jubilación”, asevera, en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner.
Fuente: La Nación
