La propuesta del oficialismo para que los trabajadores en relación de dependencia y jubilados con ingresos brutos por debajo de $150.000 no paguen el Impuesto a las Ganancias tiene un costo fiscal en torno a $40.000 millones por año y tendrá como fuente de financiamiento a las grandes empresas.
Para “cuidar la caja” del Estado, en medio de un año con restricciones fiscales, con la necesidad de bajar el gasto y con la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marcha, el proyecto presentado por el jefe de la Cámara baja, Sergio Massa, en acuerdo con la Casa Rosada, tendrá en la práctica un efecto nulo sobre las cuentas públicas. Eso porque se nutrirá de la recaudación que dejará el anticipo de Ganancias sobre las grandes empresas, que estarán alcanzadas por una alícuota de 25%.
Para lograr ese cometido, el Congreso debatirá en paralelo a la baja en Ganancias de la cuarta categoría mantener la actual alícuota de las grandes firmas. En ese sentido, un proyecto de ley en ese sentido ingresó al Parlamento el 28 de diciembre pasado y que ahora será llevado al recinto.
Por la reforma tributaria de 2017, esas compañías que tributaban 35% del gravamen, fueron beneficiadas con una baja gradual de 5 puntos que las depositó en 30%. El año pasado, la alícuota debería haber bajado a 25%, pero en el cambio de Gobierno, pero quedó en suspenso a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de diciembre de 2019, que fue la que creó el impuesto PAIS y subió las retenciones las exportaciones del agro.
Se calcula que esos pagos sumarán $70.000 millones a las arcas públicas este año. Massa confirmó este martes que ese dinero servirá para propiciar que casi 1,3 millón de trabajadores y jubilados dejen de pagar Ganancias.
“Se mantiene la suspensión de la rebaja a las grandes empresas y ese ingreso fiscal, en lugar de apropiárselo el Estado se utiliza para beneficio de trabajadores y jubilados”, remarcó el presidente de la Cámara de Diputados en declaraciones a radio La Red.
Fuente: Todo Noticias
