La causa judicial contra Victoria Donda iniciada el 29 de diciembre pasado por su empleada doméstica sigue avanzando. El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Marijuán dijo que el juez Sebastián Casanello, que lleva adelante el caso, debe evaluar ahora “si hace lugar o no al pedido” del fiscal y precisó que el magistrado “no tiene plazo” para decidir.
La funcionaria es investigada por “malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública” tras la denuncia presentada por su empleada, Arminda Banda Oxa.
En concreto se la acusa por no hacerle los aportes patronales y ofrecerle en compensación un subsidio o un trabajo en la dependencia que encabeza.
El dictamen de Marijuan, entre otros conceptos, afirmó que “frente a lo gravoso de la situación traída a conocimiento de esta jurisdicción, no puede dejar de hacerse mención al concepto de 'corrupción'”.
Y añadió: “En este sentido, en nuestro idioma la palabra ´corrupción´ o ´corruptela´ se define como toda mala conducta o abuso, especialmente los contrarios a la ley”.
“Resulta inequívoco el beneficio que la imputada pretendía obtener al ofrecer gestionar a la Sra. Banda Oxa un contrato en el INADI, organismo que se encontraba a su cargo, o un plan social, y esto es, tal como se viene sosteniendo, la posibilidad cierta y concreta de dar por finalizada toda pretensión de reclamo laboral por la deuda existente en cabeza de la imputada”, indicó.
LOS ANTECEDENTES
Victoria Donda se convirtió en la primera funcionaria del gobierno de Alberto Fernández que debe enfrentar un pedido de indagatoria. El propio presidente le ratificó su respaldo a la titular del Inadi.
El 19 de enero la Casa Rosada ratificó a Donda al frente del organismo a través del decreto 22/2021. “Es cierto que el Estado ha sido utilizado muchas veces como seguro de desempleo, pero en el caso de Victoria (Donda) no tengo ninguna duda de que fue alguien que quiso hacerle daño. Quien la conoce, sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado”, señaló incluso el jefe de Estado tras conocerse la denuncia.
Y agregó: “Claramente entiendo que el Estado no debe ser una maquinaria de empleo. Es cierto que ha habido abusos: alguien se queda sin empleo, tiene un amigo en el Estado y le da un trabajo para sobrevivir. Pero lo dice alguien que cuando fue jefe de Gabinete se fue con menos empleados en la jefatura que cuando entró”.
EL CASO
El escándalo comenzó cuando la empleada doméstica, que trabajaba con Donda desde 2007, mantuvo una conversación con su empleadora para transmitirle su intención de jubilarse. Al repasar la documentación, advirtieron que faltaban los aportes de años anteriores. Además, según el letrado de la trabajadora, Osvaldo Barsanti, la funcionaria no se habría hecho cargo del salario de la empleada doméstica durante la pandemia de coronavirus.
Barsanti afirmó que durante 10 años su defendida estuvo “totalmente en negro” y que desde 2016 fue “parcialmente registrada con un salario menor al que le correspondía”. Una demanda se inició en el fuero penal y otra en el laboral.
Según la denuncia, para compensar esta situación, Donda le habría ofrecido a la mujer un subsidio o un contrato en el Inadi.
Donda, en su descargo, aseguró que su empleada le manifestó su interés en renunciar “por razones personales” y dijo que, ante esa situación, “recomendó la posibilidad de acceder a alguna prestación social” y que al mismo tiempo realizara “alguna contraprestación en su barrio”. “También le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI en algunos de los programas y acciones que el organismo realiza”, sostuvo.
Ante la denuncia elevada por la trabajadora, la Justicia Federal impulsó una causa por presunta malversación de caudales públicos y administración fraudulenta contra la funcionaria.
Fuente: Todo Noticias
