Medidas cautelares a favor de dos tabacaleras generaron una pérdida fiscal de $23.000 millones, según el último estudio de la Subsecretaría de Programación Microeconómica del Ministerio de Hacienda de la Nación, que arrojó una pérdida de recaudación del Estado y un sobrecosto en la salud pública.
De acuerdo con el informe técnico, las medidas cautelares para el no pago del impuesto mínimo a los cigarrillos otorgadas a las empresas Tabacalera Sarandí SA y Espert SA, generaron desde enero hasta mayo de 2019 un costo fiscal de $23.000 millones, y un sobrecosto en salud pública de entre $9.000 y $14.000 millones.
Bajo el título “Impacto del otorgamiento de medidas cautelares para el no pago del impuesto mínimo a los cigarrillos sobre las arcas públicas y la salud pública”, el informe elaborado por el equipo técnico de la Subsecretaría de Programación Microeconómica bajo la coordinación de la subsecretaria Daiana Fernández Molero, señala que dichas tabacaleras obtuvieron en la justicia medidas cautelares para “no pagar el componente fijo del impuesto interno (el piso de ese impuesto) y sólo tributar mediante el método ad valorem”.
LAS MEDIDAS CAUTELARES DESESTABILIZAN A LA PRODUCCIÓN
Las medidas cautelares de Sarandí SA y Espert SA además provocan un daño a la producción tabacalera y pérdidas de aproximadamente $2 mil millones porque esas empresas no aportan al Fondo Especial del Tabaco.
Las instituciones que defienden a los productores tabacaleros ya realizaron los reclamos correspondientes y esperan también la acción de legisladores provinciales para poder frenar el accionar de las empresas involucradas en las medidas judiciales.
