El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez se reanudará mañana y entrará en su tercer año de proceso.
El Tribunal Oral Federal 2 reiniciará mañana a las 9.30 por videoconferencia las audiencias. Está prevista la declaración de dos testigos del área de auditoria de Vialidad Nacional. Son dos de los 100 que restan que den su testimonio. Con ese panorama este año no habrá veredicto.
Más allá que muchos de esos testigos se puedan desistir, como ocurrió el año pasado, la parte final del juicio con los alegatos será extensa. Una certeza: todos aseguran que en 2021 el juicio no terminará.
Sobre los testigos también están puestas las expectativas. Entre los que faltan hay empresarios de la obra pública -algunos son arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción-, los peritos de la Corte Suprema de Justicia que concluyeron que en las obras hubo corrupción y también algunos políticos relevantes. El más importante es el presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de Cristina Kirchner.
Fernández defendió públicamente a Cristina Kirchner por este juicio. “Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron. ¿Qué delito es ese?”, dijo en junio de 2019, un mes después del comienzo del juicio y cuando ya era candidato. Julián Ercolini es el juez federal que procesó y envió a juicio a la vicepresidente en este caso.
Sobre la declaración del Presidente hay otra expectativa: ¿lo hará personalmente ante los jueces para contestar las preguntas de todas las partes o por escrito, tal como el Código Procesal Penal de la Nación se lo permite por su cargo?. En Comodoro Py empezaron los análisis políticos y las especulaciones con los pro y los contra de ambos escenarios.
Cristina Kirchner, Báez; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de la dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; el ex funcionario de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y otros siete imputados -ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz- están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019. La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.
Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.
El juicio que está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso -el fiscal es Diego Luciani-, que aceptaron la declaración de 184 testigos, de los que ya declararon 41 y otros 36 fueron desistidos durante el transcurso del juicio porque las partes entendieron que ya no eran necesarios. Quedan 98. Y hay otros nueve que están siendo investigados por el mismo hecho y resta esperar a que se defina su situación para saber si pueden declarar como testigos.
Entre los que restan se destacan tres bloques por el impacto que sus testimonios pueden tener para el juicio y también político. Uno es el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos los ex jefes de Gabinete cuyos testimonios fueron pedidos por las defensas de la vicepresidenta, De Vido y Báez. También está convocado el ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
El Código Procesal Penal de la Nación establece en su artículo 250 que “no estarán obligados a comparecer” al juicio como testigos “el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales”, entre otros. Pero si quieren ir al tribunal pueden hacerlo. Esas personas pueden declarar por escrito -el tribunal les envía las preguntas- o “en su residencia oficial”, hasta donde irán los jueces. Esa disposición alcanza a Alberto Fernández, al gobernador de Chaco Capitanich y a Massa como presidente de la Cámara de Diputados, quiénes deberán informar su decisión cuando sean citados.
