En un contexto de creciente tensión internacional y acusaciones de represión interna, el Parlamento venezolano aprobó este martes una ley que impone severas penas de prisión, de hasta 20 años, a quienes promuevan o respalden desde Venezuela bloqueos navales o actos de “piratería” como los que el gobierno de Nicolás Maduro atribuye a Estados Unidos en el Caribe.
La propuesta fue aprobada por unanimidad por los diputados del chavismo, que controlan la Asamblea Nacional a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados. La nueva ley, denominada “Ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, llega como respuesta a las acciones emprendidas por el gobierno de Donald Trump, que ha desplegado una flota naval en el Caribe sur, atacando embarcaciones sospechosas de transportar drogas y sancionando los buques que transportan petróleo hacia mercados como China e Irán.

Qué dice la nueva ley aprobada por el chavismo
El texto de la ley establece que cualquier persona que ejecute, promueva, favorezca o respalde actos de piratería, bloqueos marítimos, espionaje o cualquier otro ilícito internacional que afecte la navegación será sancionada con penas de prisión que van de 15 a 20 años. Además, la norma contempla multas millonarias, que pueden llegar a casi 1,2 millones de dólares, y la confiscación de bienes relacionados con estos delitos.
Este proyecto de ley se presentó de manera urgente después de que, el 10 de diciembre, las autoridades estadounidenses confiscara dos buques petroleros venezolanos y persiguieran un tercero por aguas internacionales. Maduro calificó estos actos de “piratería naval criminal” y acusó a Trump de intentar derrocarlo.
El activista Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), advirtió que esta nueva ley forma parte de un creciente aparato represivo en Venezuela. Según Murillo, la legislación busca acallar las voces disidentes y silenciar a la oposición política mediante una "represión jurídica". En este sentido, señaló que desde 2024 se ha intensificado la creación de normas legales que limitan las libertades y derechos fundamentales, favoreciendo el control absoluto del poder por parte del gobierno.
“El gobierno está utilizando penas de prisión, no solo sanciones administrativas, para reforzar su control. Leyes como la 'Ley del odio' o esta última están diseñadas de manera discrecional, lo que permite una interpretación arbitraria y su aplicación por parte de órganos del Estado totalmente subordinados al Poder Ejecutivo", aseguró Murillo en una entrevista con TN.
El activista también destacó que el discurso oficial se fundamenta en la defensa de la soberanía nacional, pero que en realidad está sirviendo como justificación para llevar a cabo persecuciones, estigmatizaciones y actos de represión contra sectores de la sociedad civil.
A pesar de las críticas, la aprobación de la ley refleja la postura firme del gobierno venezolano frente a las sanciones internacionales y las acciones de presión de Estados Unidos, que incluyen el bloqueo de la exportación de petróleo venezolano y la incautación de embarcaciones relacionadas con el régimen.
FUENTE: Todo Noticias