Cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio, según un informe publicado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien recientemente visitó ese país.
La gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, proporción "sorprendentemente elevada", alertó Bachelet.
El gobierno venezolano replicó señalando que "son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles".
En su informe tras su visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó que "grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".
La responsable de la ONU pidió en sus conclusiones disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana, a las que achaca la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", registradas en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó una portavoz, Ravina Shamdasani. "Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes", detalló.
Sin embargo, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores", había resaltado Bachelet. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.
Venezuela atraviesa una profunda crisis política con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino y reconocido por unos 50 gobiernos.
El informe de Bachelet confirma todas las denuncias que realizaron durante años, reaccionó Guaidó, calificando al gobierno de Maduro de "dictadura sanguinaria".
Venezuela vive además una severa crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar de deponer a Maduro. "El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas", explica la ONU.
La administración de Maduro respondió que el ACNUDH presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en Venezuela.
"El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'. Esta recomendación resulta inaplicable", pues "no existen personas detenidas por tal condición", añadió Caracas.
