SALUD
por Jujuy es la tercera provincia con mayor tasa de abortos del país, por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán. En los primeros nueve meses del año 2022, en el territorio jujeño se realizaron al menos 6 abortos por día, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación.
El sitio Chequeado.com dio a conocer las cifras oficiales correspondientes al periodo abarcado entre los meses de enero y septiembre del año finalizado. Durante ese lapso, en Jujuy se efectuaron en total 1.640 intervenciones, correspondientes tanto a Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) como a Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).
Considerando los meses, en un total de 273 días se realizó ese número de prácticas, lo que equivale a 6 abortos diarios.
Desde la sanción de la ley de IVE en Argentina, aprobada en diciembre del 2020, en la provincia se contabilizaron 3.383 interrupciones de embarazo. A partir de enero del 2021 y hasta septiembre del último año, 16,5 de cada mil mujeres en edad fértil atravesó un aborto.
ABORTO LEGAL EN ARGENTINA
La ley 27.610 regula la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. "Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del embarazo", precisa la normativa.
Después de la semana 14 y sin un plazo máximo, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:
- Si el embarazo es resultado de una violación. En este caso se necesita el consentimiento informado ante el personal de salud y la declaración jurada, es decir el documento donde la persona requirente manifiesta que el embarazo es producto de una violación. Si se trata de niñas menores de 13 años de edad no se exige declaración jurada.
En ningún caso se podrá exigir denuncia judicial o policial como requisito para el acceso a la práctica. - Si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante. En este caso se necesita el consentimiento informado y la constancia de la causal en la historia clínica. El peligro para la vida o la salud debe ser evaluado y establecido por el personal de salud interviniente. Este peligro implica la posibilidad de afectación y no exige la configuración concreta de un daño.
