por El panorama judicial para el expresidente Alberto Fernández se oscureció este martes. La Fiscalía Federal, a cargo de Ramiro González, rechazó de manera tajante el pedido de la defensa para extinguir la acción penal en la causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama, Fabiola Yañez.
Desde el entorno de Fernández se buscaba aplicar una "reparación integral" —un acuerdo económico privado— para dar por cerrado el expediente. Sin embargo, el dictamen fiscal fue lapidario: este tipo de soluciones no son aplicables en casos de violencia contra las mujeres, ya que Argentina está obligada por la Convención de Belem do Pará a investigar, juzgar y sancionar estos actos.
Los puntos clave del dictamen:
- Irrenunciabilidad: La Fiscalía sostiene que el Estado no puede dejar de investigar un caso de gravedad institucional solo porque las partes lleguen a un arreglo monetario.
- Gravedad institucional: Se considera que los hechos denunciados ocurrieron mientras Fernández ejercía la Presidencia de la Nación, lo que agrava la relevancia del juicio.
- Próximos pasos: Con este rechazo, el fiscal ya solicitó formalmente la elevación a juicio oral. Ahora, la pelota está en la cancha del juez Daniel Rafecas, quien deberá decidir si envía finalmente al exmandatario al banquillo de los acusados.
De confirmarse el juicio, Alberto Fernández enfrentará un proceso público donde se ventilarán las pruebas de las presuntas lesiones y hostigamiento contra su expareja, un hecho sin precedentes para un expresidente en la historia reciente del país.
