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El Gobierno avanza contra la ley de Etiquetado Frontal y busca eliminar los octógonos en alimentos

La Casa Rosada prepara un proyecto para eliminar la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, vigente desde 2021. El oficialismo sostiene que la norma representa una intervención estatal excesiva y cuestiona el impacto sobre la industria alimenticia.
El gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal .
21-05-2026
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El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo paquete de proyectos de desregulación y entre ellos aparece una iniciativa que promete reabrir uno de los debates más polémicos de los últimos años: la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos.

La propuesta, impulsada desde la Casa Rosada en medio de la llamada “batalla cultural” libertaria, apunta a eliminar la normativa sancionada en 2021 que obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías.

Según fuentes oficiales, el proyecto sería enviado al Congreso en las próximas horas y forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir regulaciones estatales y eliminar normas que el oficialismo considera intervencionistas.

Qué establece la Ley de Etiquetado Frontal

La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en 2021 tras un fuerte debate político, sanitario y empresarial.

La normativa obliga a que los alimentos envasados y bebidas analcohólicas exhiban sellos negros en la cara principal del producto cuando presentan exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías.

Además, exige advertencias especiales para productos que contienen cafeína o edulcorantes, recomendando evitar su consumo en niños.

Otro de los puntos centrales de la ley fue la prohibición de utilizar personajes infantiles, dibujos animados, regalos o estrategias de marketing dirigidas a menores en productos que tengan al menos uno de los sellos de advertencia.

El objetivo original de la norma fue promover hábitos de alimentación más saludables y prevenir enfermedades crónicas vinculadas a la mala alimentación.

Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, autores del proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal

Los argumentos del Gobierno para impulsar la derogación

Dentro del oficialismo aseguran que el proyecto responde a la visión libertaria de reducir la intervención estatal sobre consumidores y empresas.

Sin embargo, también reconocen que existen fuertes presiones de parte de la industria alimenticia, que históricamente se manifestó en contra del etiquetado frontal.

Uno de los principales reclamos empresariales apunta a la falta de uniformidad regional en los sistemas de etiquetado. Actualmente, distintos países de Sudamérica utilizan mecanismos diferentes:

  • Argentina utiliza octógonos negros
  • Chile aplica un sistema similar pero con diferencias regulatorias
  • Uruguay mantiene otro esquema de advertencias
  • Brasil utiliza parámetros distintos para determinar los sellos

Según sostienen las empresas, esto obliga a desarrollar distintos diseños de packaging para cada mercado, aumentando costos y complejidad operativa.

La discusión política vuelve al Congreso

Aunque el proyecto todavía no fue presentado formalmente, en el oficialismo aseguran que el texto ya está en preparación y que llegará pronto al Congreso.

El debate promete volver a dividir posiciones tanto dentro del oficialismo como entre bloques aliados. De hecho, cuando la ley fue aprobada en 2021, el PRO mostró posturas divididas entre votos negativos, abstenciones y apoyos parciales.

Además, referentes libertarios y dirigentes cercanos al Gobierno ya habían impulsado iniciativas similares anteriormente. Entre ellos aparecen Alejandro Bongiovanni y la diputada del PRO Daiana Fernández Molero, quienes habían promovido proyectos para eliminar regulaciones vinculadas al etiquetado y envases.

La tensión entre salud pública y desregulación

La posible derogación de la ley vuelve a instalar el choque entre dos enfoques opuestos: por un lado, quienes defienden el etiquetado como una herramienta de salud pública y protección al consumidor; y por otro, quienes consideran que el Estado no debe intervenir en las decisiones alimenticias privadas ni imponer regulaciones sobre la industria.

Mientras organizaciones médicas y especialistas en nutrición sostienen que los sellos ayudan a mejorar la información disponible para los consumidores, sectores empresariales argumentan que las restricciones afectan la competitividad y generan costos adicionales.