El Senado volverá a debatir la reforma que elimina los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros
El Senado de la Nación retomará el 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que incluye una profunda reforma al régimen de tierras rurales y que propone eliminar los límites nacionales vigentes para la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
El debate debía realizarse durante la sesión del 16 de julio, pero el oficialismo decidió postergarlo al no reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Será la cuarta oportunidad en la que el proyecto llegue al recinto tras sucesivas postergaciones por diferencias entre La Libertad Avanza y bloques aliados.
Qué cambia la reforma
Actualmente, la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, fija límites por nacionalidad y restringe la adquisición de inmuebles rurales ubicados sobre cuerpos permanentes de agua o en zonas de seguridad de frontera.
El proyecto impulsado por el Gobierno elimina esas restricciones para particulares y empresas privadas extranjeras. Durante el debate en comisiones se incorporó una modificación para que sean las provincias las que puedan autorizar, regular o incluso prohibir estas operaciones dentro de sus jurisdicciones, reemplazando el esquema uniforme vigente por un régimen descentralizado.
La propuesta mantiene restricciones para Estados extranjeros y compañías controladas directamente por ellos, aunque habilita al Poder Ejecutivo nacional a autorizar determinadas operaciones cuando considere que no afectan la seguridad o la soberanía del país.
El Gobierno busca atraer inversiones
Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá incrementar la seguridad jurídica y facilitar la llegada de inversiones al sector agropecuario, forestal y de infraestructura.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había afirmado meses atrás que la derogación de las restricciones podría generar inversiones por alrededor de 15.000 millones de dólares, al considerar que la normativa vigente desalienta el ingreso de capital extranjero.
Las advertencias de especialistas y organizaciones
La iniciativa despertó fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales, académicos y sectores de la oposición, que advierten que la eliminación de los límites podría profundizar la extranjerización de territorios con recursos estratégicos.
Según el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, actualmente existen más de 13 millones de hectáreas en manos de propietarios extranjeros, equivalentes a cerca del 5% del territorio nacional. Además, el relevamiento detectó que varios departamentos ya superan el límite del 15% establecido por la legislación vigente.
Los especialistas remarcan que muchas de esas superficies se encuentran en zonas de frontera, regiones cordilleranas con reservas minerales, áreas con abundantes recursos hídricos, bosques nativos y corredores estratégicos para la producción agropecuaria. Por ello sostienen que la discusión excede el derecho de propiedad y también involucra cuestiones vinculadas con la soberanía, la seguridad territorial y la administración de los recursos naturales.
También modifica la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto no se limita al régimen de tierras rurales. También incorpora modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, reduciendo algunas de las restricciones que actualmente impiden cambiar el uso o vender terrenos afectados por incendios, una medida que también generó cuestionamientos de organizaciones ambientales.
Una votación clave
El 6 de agosto el Senado deberá definir si aprueba el proyecto y lo envía a la Cámara de Diputados o si vuelve a introducir modificaciones.
La discusión enfrentará dos posturas claramente diferenciadas: mientras el Gobierno sostiene que la reforma fortalecerá la propiedad privada y atraerá inversiones, sus detractores advierten que podría facilitar una mayor concentración de tierras rurales y reducir los controles sobre territorios considerados estratégicos para el país.