VIOLENCIA
Dos situaciones precipitaron la decisión del gobierno de Javier Milei de no demorar más y recrudecer la lucha contra la oleada de crímenes con sello narco que aterrorizan a la ciudad de Rosario.
La primera fue visible y llenó a todos de estupor: el asesinato sicario a Bruno Nicolás Bussanich, el joven playero que recibió dos tiros a quemarropa y dejó una mujer viuda y a un pequeño hijo de tres años huérfano. La segunda es un informe reservado que le llegó días atrás al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y encendió todas las alarmas: los clanes narcocriminales que siempre estuvieron enfrentados se habrían unido con el objetivo de extorsionar al Estado: a fuerza de crímenes y hechos de alto impacto, obligarlo a pactar algún tipo de convivencia, de tolerancia. Es un modus operandi que los últimos cuatro inocentes muertos a tiros parecen confirmar.
Lo cierto es que este lunes los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) estarán juntos en esa ciudad para anunciar el envío de más uniformados y recursos de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía Federal, como así también de vehículos provistos por las Fuerzas Armadas para reforzar la presión sobre las bandas narcos y evitar que continúen los hechos de sangre que, casi a diario y con dosis de macabra espectacularidad, ocurrieron la semana pasada.
El de Bruno fue el último y quizás al más impactante porque quedó filmado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio de Mendoza al 7600 de Rosario y el país entero vio un ataque a sangre fría contra un empleado inocente que trabajaba de noche para mantener a su familia. El sicario -pantalones cortos, un buzo con capucha y ojotas- se acercó a la oficina, le disparó en la cara y el pecho, y se fue corriendo. Bruno tenía en la mano la billetera con la recaudación, pero quedó allí tirada. Fue matar por matar. El miércoles pasado, a Héctor Raúl Figueroa, un taxista de 43 años, le dispararon nueve veces. A Diego Alejandro Celentano, también taxista, de 32 años, recibió cinco disparos el miércoles en Alvear y Garmendia, en un sector conocido como “La Mandarina”. Y el jueves, Marcos Daloia, de 39 años, chofer de colectivo de la línea K, fue baleado en la cabeza por un sicario mientras trabajaba, y tras tres días en estado crítico, falleció.
Son episodios que confirman la intención de generar conmoción, terror en la población. De hecho, tanto el gobierno de Pullaro como el propio Milei trataron a esos hechos como actos terroristas y se comprometieron a encontrar a los culpables materiales e intelectuales y ponerlos a disposición de la Justicia. La noche del domingo los vecinos de Rosario protagonizaron un sonoro cacerolazo para expresar sus temores antes crímenes y ataques a tiros -balearon el domingo un centro de detención- que se suceden de manera cotidiana y que los tiene a todos encerrados.
Con información de Infobae
