Una fuerte polémica tiene en el ojo de la tormenta nuevamente a Formosa. En las últimas horas trascendió que la provincia avanzó en la vacunación contra el coronavirus de personas que están presas e incluso el subjefe de la Policía local confirmó que un 90% de esta población ya estaba inmunizado.
A raíz de esto, se inició una investigación, debido a que solo 10.756 habitantes de la provincia en total completaron el esquema vacunatorio. Es decir, solo un 1,59% y no se terminó de inocular a los grupos de riesgo.
La imagen de un vehículo del ministerio de Desarrollo Humano formoseño utilizado para el transporte de insumos hospitalarios estacionado frente a la Unidad 10 del Servicio Penitenciario Federal recorrió las redes y despertó duros cuestionamientos. Según detallaron los medios locales, habría sido utilizado para trasladar dosis de la vacuna Sinopharm para aplicarla a los reclusos de ese organismo carcelario.
La información habría sido confirmada por el subjefe de la Policía local y la polémica creció porque las vacunas se destinaron a los presos mientras el personal del servicio y la mayor parte de la población de la provincia no recibió ninguna aplicación. De acuerdo con los números oficiales, Formosa recibió un total de 119.751 dosis y solo 10.756 personas en el distrito recibieron el tratamiento completo.
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
Luego que trascendiera que en Formosa se habría vacunado al 90% de la población carcelaria, mientras que menos del 2% sus habitantes fueron inoculados, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, justificó el accionar en las unidades penitenciarias. “Seguimos estrictos criterios epidemiológicos”, sostuvo.
“Nosotros estamos ajustando las decisiones que tienen cada unas de las provincias como facultades no delegadas de cuidados a la población en materia de salud”, argumentó González.
Y en esa línea continuó: “El mismo planteo de personas en lugares cerrados podría realizarse, por ejemplo, con los geriátricos y todos ellos fueron vacunados, tanto los públicos como los privados, pero también los hogares en donde hay personas internadas que están en una situación de presencia comunitaria”, detalló el ministro formoseño al realizar un paralelismo con los centros penitenciarios.
“Un brote en una unidad penitenciaria en un lugar donde hay 200 personas, por decir un número, nos va a obligar a sacar a esa población y llevarla a un hospital y eso va a requerir de un esfuerzo tremendo en cuanto a la logística, porque son personas privadas de la libertad. Algunas están cursando una condena y otras en proceso de juzgamiento”, justificó la mano derecha del gobernador Gildo Insfrán, quien es ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa.
Fuente: Todo Noticias y La Nación.
