El aislamiento obligatorio en todo el país por la pandemia del coronavirus suspendió en mayor medida los vínculos entre familias y amigos: las cárceles no están exentas de esto. Los presos decidieron suspender las visitas de sus seres queridos para no ponerlos ni ponerse en riesgo en la propagación del virus. Pero para no romper ese vínculo, la Justicia comenzó a autorizar a que los internos usen celulares, algo que está prohibido históricamente en prisión, con un contrabando que llegó a más de 53 mil aparatos incautados en las cárceles bonaerenses entre 2017 y 2018 según números oficiales.
Según el relevamiento que hizo Infobae en los fallos judiciales a los que accedió hasta ahora se permitió el uso de celulares en 69 cárceles. Son todas las de la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Chubut. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es el que tiene la mayor cantidad de presos en cárceles, con 45 mil internos. Allí el SPB habilitó el uso de videoconferencias en 15 unidades entre detenidos y familiares que por la distancia o problemas de salud hace mucho tiempo que no tienen contacto.
Las cárceles en las que se permitió el uso de teléfono son las 57 de la provincia de Buenos Aires, las 11 de Mendonza y la única que hay en Chubut, donde la medida se extendió a las dos alcaldías que tiene.
Las decisiones fueron tomadas por jueces de esas provincias. En Buenos Aires, varios magistrados lo habían permitido en cárceles de sus jurisdicciones pero esta tarde la Cámara de Casación Penal bonaerense lo extendió a todas las cárceles de la provincia.
“A efectos de evitar someter a las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires a una situación de ostracismo que en el marco de la actual pandemia importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario reclamado por la normativa constitucional, es mi opinión que resulta prudente autorizar el uso de telefonía celular a los fines del mantenimiento de los vínculos familiares de los internos”, sostuvo en su resolución el juez de Casación Víctor Violini.
Los argumentos judiciales que se aplicaron son similares en todos lo casos: suplir la suspensión de las visitas con un método que permite mantener el contacto y que a su vez ayuda a que haya un mejor clima y bajar las tensiones en las unidades. Los jueces explicaron que es un derecho de los internos tener relación con sus familias.
Los presos de todo el país decidieron suspender las visitas de sus familiares ante la emergencia sanitaria. Lo hicieron para evitar una propagación del virus. Además de la suspensión de las visitas en las cárceles quedaron postergadas todas las actividades educativas y deportivas. La Cámara de Casación también dijo que los teléfonos pueden servir para hacer clases de manera virtual.
¿Por qué usar celulares y no los teléfonos públicos de los pabellones? La pregunta la respondió la Justicia de Mendoza en su resolución: “Los teléfonos públicos o semipúblicos están situados generalmente en lugares comunes o de paso de personas detenidas, o sin funcionamiento operativo. Es así, que el propio Servicio Penitenciario en su informe, no aclaró cuantos se encontraban en funcionamiento, en cada uno de los centros de detención,sumado al hecho concreto, que para el mejor de los casos, en un pabellón donde conviven 150 personas, solo existe un teléfono, y sin la posibilidad de comprar tarjetas para su utilización”, escribieron en un reciente fallo.
Las decisiones judiciales contaron con el aval de las autoridades penitenciarias de cada penal. Incluso algunos de ellos señalaron que si bien el uso de celulares no está permitido en las cárceles desde la declaración de la emergencia sanitaria esos controles se relajaron y el resultado fue que bajaron los conflictos. El inspector mayor Carlos Suárez, a cargo del complejo penitenciario de San Martín, sostuvo que en la actualidad la medida “contribuiría a bajar la ansiedad de parte de la población y que sientan así la proximidad de sus familiares” y dijo que se está ante una situación “límite”.
La emergencia sanitaria generó en las cárceles muchos reclamos, con motines en penales santafesinos como Coronda y Las Flores que terminaron con cinco muertos y varios heridos. Los presos piden mejores condiciones sanitarias y libertades y prisiones domiciliarias porque sostiene que la sobrepoblacion y el déficit en la atención médica los ponen en riesgo frente a un posible contagio. Sostienen que si un interno contrae el virus la propagación será inmediata por el hacinamiento. Hasta el momento no se reportaron casos de coronavirus en las cárceles a nivel nacional.
La utilización de celulares tras las rejas -impulsadas por presentaciones de las defensorías generales o por ONGs de derechos humanos- será mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus y su reglamentación quedó a cargo de los autoridades de cada prisión. Los jueces pidieron que sea respetando la seguridad de los establecimientos y, salvo en el caso de Chubut, no pusieron límites a cómo se deben usar. La Justicia de Chubut dispuso que los celulares sean para hacer llamadas o videollamadas a través del sistema de WhatsApp y prohibió que se utilizan para hacer comentarios en redes sociales.
Fuente: Infobae
