En la corta semana que pasó, con varios feriados y previa a las vacaciones de los estudiantes, el paro de los choferes de la UTA marcó a fuego la realidad provincial.
Cada uno expuso sus razones que son atendibles. Los empresarios confiaron que con el actual precio del boleto urbano que acaba de aumentar, más la gratuidad de quienes llenan las unidades, no lograron reunir el dinero suficiente para el pago completo a los trabajadores y la acreditación del esperado aguinaldo.
Los empresarios revelaron que las demoras en el pago de abonos docentes y del boleto estudiantil gratuito hace inviable el mantenimiento de las empresas, por lo que llevaron a cabo un paro que se extendió desde el jueves y continuará esta semana. El viernes coincidió con la medida de fuerza a nivel nacional.
Por su parte, los choferes expresaron su descontento con una masiva manifestación que se concretó el jueves, y más allá del enojo de los usuarios, todos entendimos que no se puede exigir que una persona trabaje en un empleo tan comprometido, sin cobrar sus salarios.
Cabe recordar que toda esta situación se desató este año, cuando el gobierno nacional decidió dejar de financiar el transporte.
Además, el viernes se concretó una reunión entre los distintos sectores afectados y el ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Sadir, quien finalizó la reunión declarando que los pagos del subsidio se cumplen con normalidad y que se trata de un conflicto entre privados. El enunciado no es falso, pero no se puede dejar este conflicto sin resolver ya que sin transporte, se resiente toda la actividad económica de una provincia, justo en el medio de una temporada invernal que muchas pymes esperaron para tratar de recomponer sus finanzas.
Finalmente, y como siempre en el medio de los conflictos, quedaron los sufridos usuarios. Los que tenemos que trabajar a pesar del paro, los que se trasladan de una localidad a otra, o de zonas tan alejadas de la ciudad como Alto Comedero, debieron sortear estos inconvenientes para llegar a sus trabajos caminando, o transportados en vehículos no autorizados que pulularon por Jujuy sin ningún control municipal, poniendo en riesgo su propia integridad física. En otros casos debieron realizar largas filas en Comisarías para conseguir un certificado que los exima de la responsabilidad de trabajar.
Lo único seguro, es que el conflicto no puede seguir sin resolverse ya que pronto se verán las pérdidas económicas que castigarán a toda la provincia en todos los sectores.
