El trágico derrumbe que se produjo ayer pasadas las 15 en la construcción de un acueducto en barrio 23 de Agosto dejó tres muertos.
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Lo que llamó la atención en los primeros análisis de lo sucedido ayer, es que la empresa encargada de la obra, que tiene como nombre Rovella Carranza, es una de las firmas sospechadas a partir de que se conocieron los cuadernos de las coimas, causa que expuso un complejo sistema de corrupción en la obra pública durante la anterior gestión.
La firma se encontraba trabajando en la zona del barrio 23 de Agosto en una obra que se realiza con fondos nacionales para la “captación y acueducto de agua cruda y agua potable”, a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).
Durante la era kirchnerista, Rovella Carranza, una constructora que tiene sede en la provincia de San Luis recibió contratos por casi $17.000 millones, colocándose entre las diez empresas más beneficiadas con la obra pública, de la mano del ex funcionario detenido, José López.
Tal era la interacción entre la firma Rovella Carranza, López y el verdadero responsable de Vialidad Nacional durante aquellos años, Sandro Férgola, que entre sus competidores corría la idea de que los exfuncionarios, controlaban parte de las acciones de la constructora, algo que negó su titular, Mario Rovella.
En una entrevista brindada a un medio nacional, Rovella aseguró que nunca pagó sobornos y que desde hace cuatro años está desvinculado de la empresa. Sin embargo aseguró que sí conoció al financista “arrepentido” Ernesto Clarens, pieza clave en la estructura de lavado de dinero y pago de sobornos a través de la obra pública.
