Más gastos de Adorni: investigan si usó a una empleada para hacer compras por $8.000.000
La Justicia federal investiga si una empleada de la Vocería Presidencial actuó como testaferro o prestanombre en una facturación de $8.183.303 destinada a la compra de ropa de cama y blanquería de alta calidad. La sospecha surgió tras el peritaje realizado al teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones edilicias en la vivienda particular del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
De acuerdo con los datos recabados en la causa, la documentación comercial fue emitida a nombre de Gisela Kocsis, una trabajadora estatal que cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde el año 2011 y que se desempeñaba como secretaria privada en el área que comanda el funcionario nacional.
Hallazgo e intermediación comercial
El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa penal contra el jefe de los ministros por presunto enriquecimiento ilícito, detectó la factura en el dispositivo electrónico del constructor. El comprobante data del 2 de junio de 2025 y corresponde a la firma Rosen The Store, una de las tiendas comerciales de mayor valor en el rubro de la Industria Argentina del Descanso.
En su declaración testimonial ante las autoridades, el contratista reconoció que su función con el funcionario excedía las obras de infraestructura en el country Indio Cuá. Según su testimonio, oficiaba como un gestor de confianza que intermediaba de manera directa entre los proveedores y el cliente para equipar las nuevas propiedades inmobiliarias a cambio de una comisión.
Requerimiento formal de pruebas
Ante este escenario, el fiscal federal solicitó formalmente a la empresa proveedora que aporte, en un plazo perentorio de 72 horas, toda la documentación respaldatoria sobre la operación. Por disposición del juez federal Ariel Lijo, la firma deberá detallar la modalidad de cancelación, los medios de pago utilizados, el domicilio de entrega y la identidad de la persona que retiró los productos.
El Ministerio Público Fiscal busca determinar si el destino final de los bienes fue el inmueble familiar de Exaltación de la Cruz o el departamento adquirido posteriormente en el barrio porteño de Caballito. La medida judicial incluye la entrega de remitos, constancias de acreditación bancaria y comunicaciones comerciales archivadas en los registros de la sociedad anónima.
Avance de la causa penal
La investigación judicial sobre el patrimonio del funcionario público sumó este elemento tras las declaraciones del propio imputado, quien justificó la evolución de su nivel de vida mediante la utilización de 500.000 dólares en ahorros previos que no habían sido declarados ante los organismos fiscales pertinentes.
El juzgado interviniente ordenó una batería de medidas de prueba complementarias, entre las que se destaca la verificación de las supuestas inversiones en criptomonedas desarrolladas por el funcionario y el análisis de los registros de ingresos vehiculares a los barrios privados bajo la lupa judicial, según consignó el reporte periodístico de Infobae.
La recolección de los informes comerciales determinará los próximos pasos procesales en la causa que evalúa el desempeño patrimonial del funcionario del Poder Ejecutivo.