La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) denunció que en un geriátrico de San Rafael, en la provincia de Mendoza, murieron por coronavirus 15 adultos mayores que aún no habían sido vacunados, y que el ex sacerdote que dirige el lugar es “antivacunas”.
Las muertes se produjeron en el hogar de ancianos San Luis Gonzaga de Monte Coman, en junio pasado. La APDH expresó su preocupación de que “este terrible suceso” no se haya difundido y “la falta de respuesta a los pedidos de información y adjudicación de responsabilidades”.
Ana González, de la entidad, señaló que en “el lapso de tres o cuatro días fallecieron 15 personas por coronavirus sin estar vacunadas”.
“La autorización para la vacunación dentro de los geriátricos es oral de cada residente que quiere ser inoculado o no, no necesita ningún papel, salvo aquellas personas que por un problema psíquico o físico no pueda dar su consentimiento se requiera del familiar”, agregó.
En tanto, Cristina Lattanzio, de la APDH regional Mendoza y la agrupación Jubilados y Pensionados Autoconvocados local, realizó una denuncia por abandono de persona y dijo que en el Hogar de Ancianos Desprotegidos de la Inmaculada y San José, “en pocos días” murieron 15 personas “porque el exsacerdote” que maneja el lugar es “antivacunas”, pero también por una cadena de “negligencia de la provincia”.
“La provincia delegó a cada departamento cómo iba a ser la vacunación en las residencias de larga estadía: se otorgó a todo lo que sea privado y a los geriátricos las vacunas en la puerta”, explicó.
Lattanzio agregó que luego de la entrega de los fármacos era responsabilidad de cada institución “lo que pasaba puertas adentro”.
Según la dirigente, el geriátrico de Monte Comán no recibió los inoculantes “porque, explicaron, se habían superpuesto con las vacunas de la gripe”.
LA INVESTIGACIÓN
La justicia mendocina avanza en la investigación sobre las 14 muertes: semanas atrás cambió la carátula de averiguación de muerte a homicidio culposo. Ya declararon ante el fiscal Javier Giaroli el exsacerdote, Fernando Yañez, que estaba a cargo del hogar antes que el gobierno provincial decidiera intervenirlo; y la médica Palavecchio, también responsable del cuidado de los ancianos.
En conferencia de prensa, Giaroli dijo “por el momento no se trata de una acusación específica a nadie”, y detalló que el cambio se debe a la recepción de los certificados de defunción que justamente están firmados por la doctora mencionada y, la otra, el protocolo de actuación para geriátricos en casos de coronavirus.
Fernando Yañez, ex presbítero y responsable del geriátrico intervenido habría asegurado ante la Justicia que los residentes no habían recibido la vacuna “porque sus familiares no lo habían autorizado”.
“Ninguno estaba vacunado contra el Covid, no conseguíamos la autorización de los familiares. Una vez que se obtuvieron esas autorizaciones, se enviaron las listas, nos llegaron las vacunas y ese día comenzó el brote. Ahí se nos dijo que no los vacunáramos porque era peor”, relató Yañez.
Fuente: Todo Noticias
