AUDITORÍAS
por El proceso de auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) avanza en todo el país. De un total de alrededor de 23 mil beneficiarios en Jujuy, más de 4.500 pensiones se encuentran actualmente suspendidas, mientras que otras fueron dadas de baja por distintos motivos.
Según informó la secretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano, Belén Goyena, “han sido suspendidas aproximadamente 4.500 pensiones, más de 180 fueron dadas de baja por fallecimiento del titular, y cerca de 200 porque no correspondía o porque los propios beneficiarios renunciaron al beneficio”.
Oficinas móviles en el interior
Con el objetivo de acompañar a los beneficiarios y evitar la pérdida de derechos, desde el Gobierno local, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se dispuso oficinas móviles de asesoramiento en distintas localidades. Esta semana, la atención será el miércoles en Maimará y el viernes en La Mendieta. La semana próxima, los operativos se trasladarán a San Pedro, Purmamarca y La Intermedia.
La referente Claudia Choque explicó que el asesoramiento está destinado a todas las personas que reciben pensiones no contributivas, “les haya llegado o no una carta documento”.
En dichos operativos, se les indica qué documentación presentar y cómo iniciar el trámite de revisión para no perder el beneficio.
Irregularidades en las notificaciones
Aunque la medida nacional estaba prevista para personas mayores de 18 años, Choque mencionó que se detectaron casos de menores que fueron notificados, además de citaciones a domicilios inexistentes.
“Si recibieron una carta documento con un domicilio que no existe o fueron notificados de manera irregular, pueden acudir a las oficinas móviles, a las dependencias de ANSES o a la oficina de ANDIS más cercana para asesorarse o para la carga de documentación”, explicó.
El impacto en el interior profundo
Uno de los principales problemas que señalan desde el Ministerio de Desarrollo Humano es la falta de acceso a la notificación en localidades alejadas. Según explicó Goyena, "en el interior profundo muchas personas no se enteraron de que habían sido auditadas, pero el Gobierno Nacional las considera notificadas con solo emitir la carta documento", poniendo en riesgo su beneficio sin que tengan la posibilidad de presentar la documentación requerida.
En este contexto, la funcionaria remarcó que las asesorías se dispusieron para acompañar y asistir a los beneficiarios durante el proceso de revisión, para que nadie pierda el acceso a la pensión por desconocimiento o falta de recursos para realizar los trámites.
