JUSTICIA
por Este jueves se conocerá el veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja en La Pampa. En este contexto, una ONG defensora de los Derechos Humanos denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 2020, la titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa otorgó la tenencia del menor a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez, quienes están acusadas de torturar y abusar del niño de 5 años hasta matarlo en noviembre de 2021.
“Tuvo varias alertas para evitarle le muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, aseguró Raúl Magnasco, presidente de la Fundación 'Más Vida', la organización que impulsó la denuncia contra la magistrada ante la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa.
“La denuncia se hace contra todos los funcionarios públicos que hubieran debido intervenir en el proceso. Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva”, agregó Magnasco, al tiempo que señaló que cada vez que Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez iban a buscar a Lucio a la casa de la familia paterna “siempre había llamados a la policía, discusiones en la puerta, o que cuando tenían que devolverlo no lo hacían”.
En esta línea, recordó que Cristian Dupuy, el padre de Lucio, “fue varias veces a la Justicia y nadie le dio la más mínima atención”, y puntualizó que a los dos meses de la tenencia en la casa de la madre, el menor ya había sido ingresado a un hospital. “Las torturas y vejaciones a las que fue sometido ocurrieron en un año, son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró”, sostuvo el titular de la fundación “Más Vida”.
Por último, se refirió a los motivos por lo que Espósito Valenti habría pedido la custodia de Lucio. “Una de las versiones que circula es que en tiempo de pandemia ella no tenía trabajo y de esta forma podía acceder a la asignación que le corresponde por hijo”, sostuvo. “Está claro que no lo querían, eso surge de los chats, la forma en que lo adjetivaban era irreproducible; todos los indicadores estaban al alcance de la mano, casi todo el tiempo estaba con fracturas”, completó.
Ayer, a través de un comunicado, se explicó que una vez que se inicie la investigación formal —explicaron en un comunicado— podrá determinarse la culpabilidad de Ana Clara Pérez Ballester, junto al resto de los funcionarios intervinientes “que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.
“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso....”, lamentaron desde la ONG.
Y concluyó: “Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, de un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza”.
Además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada. “La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los 'colectivos verdes' radicales”, aseguró Dupuy.
Tras el crimen, la madre de Lucio y su pareja fueron detenidas en su casa de la calle Allan Kardec y trasladadas la seccional 6ª de Santa Rosa. Tres días más tarde, se tomó la decisión de alojarlas en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de manifestaciones violentas.
El próximo jueves 2 de febrero, a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.
La pena no se dará a conocer ese día, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua. En caso de que el Tribunal valorara las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.
Fuente: Infobae
