30 de octubre de 1983, la vuelta a la democracia
El 30 de octubre de 1983, tras siete años de dictadura cívico-militar, Argentina volvía a elegir un presidente de manera democrática.
Como empezó
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder mediante un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón.
Se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.
Detrás de ese nombre burocrático se escondía un plan sistemático de represión, miedo y silenciamiento.
Las calles se llenaron de patrullas. En cualquier momento y en cualquier casa podían irrumpir grupos armados y llevarse a alguien sin explicación.
Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas, muchas arrojadas vivas al mar.
Se calcula que más de 30.000 argentinos y argentinas fueron víctimas del terrorismo de Estado.
El terror también se extendió a la cultura: se prohibieron canciones, libros y películas.
Se persiguió a periodistas, artistas, docentes y estudiantes. El miedo se volvió rutina.
Se robaban bebés nacidos en cautiverio, se falsificaban identidades y se intentó construir un país sin memoria.
La guerra
El 2 de abril de 1982 comenzó una guerra improvisada, desigual y dolorosa.
La dictadura intentó encender un nacionalismo de cartón para disimular el cansancio y la crisis que ya se respiraban, Ias Fuerzas Armadas ocuparon las Islas Malvinas con la promesa de recuperar la soberanía y unir al pueblo detrás de una causa común.
Pero detrás de esa bandera había desesperación política, no patriotismo.
Miles de jóvenes de todo el país fueron enviados sin preparación, sin abrigo, sin comida y, en muchos casos, sin saber usar un arma. Lucharon con valentía, pero fueron víctimas del frío, del hambre, del abandono y de la improvisación de un gobierno al que no les importaban; frente a ellos, el Reino Unido desplegó un ejército profesional, armado y respaldado internacionalmente.
Mientras los soldados argentinos morían en las islas, en Buenos Aires la Junta Militar celebraba supuestas victorias.
Hasta que el 14 de junio de 1982, la rendición fue inevitable, más de 600 jóvenes argentinos habían perdido la vida.
La derrota en Malvinas dejó al descubierto el fracaso total del régimen, su crueldad y su mentira. El pueblo despertó y el miedo dejó de ser norma.
Se volvió a hablar de democracia
El 30 de octubre de 1983, después de siete años de horror, Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la Nación.
El Juicio a las Juntas
Con la llegada de la democracia, el país necesitaba más que un cambio de gobierno: necesitaba verdad y justicia.
El presidente Alfonsín tomó una decisión histórica y valiente: ordenar el enjuiciamiento de los responsables de la dictadura, por primera vez en el mundo, una nación juzgaría en tribunales civiles a sus propios dictadores.
Así comenzó el Juicio a las Juntas, en 1985.
Al frente estuvieron el fiscal Julio César Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo, acompañados por un equipo joven —en su mayoría estudiantes y recién graduados— que no temieron enfrentarse a los hombres que habían sembrado el terror.
Representaban a una generación que no perdió la fe, que entendía que recordar era también una forma de reparar.
Durante meses, se escucharon más de 800 testimonios desgarradores, madres, hijos, sobrevivientes y familiares relataron lo que el país había preferido callar: secuestros, torturas, vuelos de la muerte, robos de bebés.
Frente a esas voces, ya no hubo negación posible.
El 9 de diciembre de 1985, el tribunal dictó sentencia: Videla y Massera, prisión perpetua; Agosti, cuatro años y medio; otros altos mandos, penas menores.
Un hecho sin precedentes. Un triunfo de la memoria sobre el miedo.
Pero este juicio no basto
Con el paso de los años, muchos responsables fueron indultados, absueltos o beneficiados con prisiones domiciliarias.Algunos siguen libres otros niegan los crímenes.
Y aún hoy hay familias que siguen buscando a sus hijos, a sus padres, a sus nietos. Una deuda que sigue viva.
Porque la justicia que llega a medias nunca cierra las heridas.
Actualidad y memoria
Cuarenta y dos años después del retorno de la democracia, la memoria sigue siendo un terreno en disputa.
Lo que debería ser un consenso nacional , el repudio al terrorismo de Estado y la defensa irrestricta de los derechos humanos, hoy vuelve a ponerse en duda desde los más altos cargos del poder.
El actual gobierno ha relativizado la magnitud del horror vivido entre 1976 y 1983.
Ha cuestionado el número de 30.000 desaparecidos, ha hablado de una “guerra” en lugar de un plan sistemático de exterminio, e incluso ha revindicado la actuación de las Fuerzas Armadas.
Algunos de sus funcionarios y aliados mantienen vínculos o expresan admiración por quienes participaron del régimen, negando una verdad que está documentada, juzgada y verificada.
Como si eso fuera poco, el gobierno decidió cerrar la Unidad Especial de Investigación sobre la desaparición de personas durante la dictadura militar, un área creada para seguir buscando verdad y justicia en los casos que aún no han sido resueltos.
Su cierre no es un acto administrativo: es un retroceso ético y político.
Cerrar un espacio dedicado a esclarecer los crímenes de lesa humanidad es, en los hechos, negar la continuidad de la memoria y la responsabilidad del Estado.
A la par, se han otorgado beneficios y reducciones de penas a condenados por delitos de lesa humanidad, mientras que otros, con libertad, se pasean por las calles o votan como si nada hubiese pasado.
Todo esto en un país que todavía busca a sus nietos, que aún exhuma fosas, que todavía llora a quienes no volvieron.
Recordar hoy no es un acto del pasado: es una forma de resistencia.
Porque cuando la memoria se discute, la democracia se debilita.
Y cuando un gobierno elige mirar con indulgencia a los genocidas o desmantelar políticas de memoria, verdad y justicia, vuelve a herir a las mismas víctimas que prometimos no olvidar.
¿Y ahora?
El domingo 26 de octubre, se realizaron las elecciones legislativas en la Argentina. Apenas el 65% del padrón se acercó a votar: la cifra más baja desde la recuperación democrática.
Y eso duele.
Duele porque ya pasaron 42 años de democracia ininterrumpida, y aunque deseamos que sean muchos más, pareciera que olvidamos lo que costó recuperarla.
Para que hoy podamos votar, más de 30.000 personas desaparecieron, 600 jóvenes murieron en Malvinas, y miles fueron perseguidos, torturados y silenciados.
¿De verdad puede darnos fiaca ir a votar un domingo?
No solo está mal. Es una traición.
Porque se lo debemos a quienes hicieron posible esta democracia, a las víctimas del golpe cívico-militar, y también a nuestros próceres, que soñaron con una Nación libre.
Que no nos pese la democracia, porque más pesa no tener la posibilidad de elegir.
Hoy sí la tenemos.
Y no somos ajenos a nada: todo es político. Cumplir con nuestro deber no es solo una obligación; es también un acto de memoria. Es un gesto de amor hacia quienes no pudieron hacerlo, hacia quienes no pueden hacerlo, hacia quienes siguen siendo víctimas.
Como Pablo Grillo, el fotógrafo agredido recientemente por las fuerzas de seguridad, bajo la conducción nacional de Patricia Bullrich, prueba de que las heridas siguen abiertas y que la violencia estatal no es un fantasma del pasado.
Que no nos pese la democracia.Es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad, nuestro derecho.
Por eso, hoy más que nunca:
Recordemos. Resistamos. Votemos.
Porque sin memoria no hay justicia y sin justicia, la democracia no tiene sentido.
Nunca más.