En el marco de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Tribunal en lo Criminal condenó a un hombre identificado como R.R.Z., tras hallarlo penalmente responsable de graves delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de su hija menor de edad.
El Tribunal estuvo integrado por el Juez Titular y Presidente de Trámite, Salvador Gustavo Ortiz, y los Jueces Vocales Martín de Athayde Moncorvo y Felicia Ester Barrios.
Actuó ante el Tribunal, Pablo Martín De Tezanos Pinto, a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 4 de San Salvador de Jujuy, con la asistencia de la secretaria Silvana Raquel de la Maza.
R.R.Z. fue requerido a juicio por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo; abuso sexual simple agravado por el vínculo; y corrupción de menores agravada en concurso real con abuso sexual simple agravado por el vínculo en grado de tentativa, conforme a los artículos pertinentes del Código Penal de la Nación.
Durante el debate, el fiscal sostuvo la acusación en base al cúmulo de evidencias y elementos probatorios reunidos durante la investigación, y solicitó una pena de 15 años de prisión para el acusado.
Tras el debate y por unanimidad, el Tribunal resolvió hacer lugar al requerimiento del Ministerio Público de la Acusación y condenó a R.R.Z. a la pena de trece (13) años de prisión efectiva, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos atribuidos.
Asimismo, se dispuso la inhabilitación por el término de la condena y la toma de muestra genética del condenado, la cual será remitida al Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, conforme a la Ley 26.879.
El caso
Los hechos juzgados se iniciaron cuando la víctima tenía 13 años de edad. El vínculo entre víctima y acusado es el de padre e hija.
Entre los hechos valorados en el debate, se tuvo por acreditado un episodio de corrupción de menores agravada consistente en un hostigamiento sostenido durante más de ocho meses, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería, incluyendo el envío de material de contenido sexual a la víctima.
