La Cámara de Casación Penal habilitó a la jueza María Servini a analizar las comunicaciones telefónicas de Mauricio Macri y sus interlocutores en la causa en la que se investiga al expresidente y su entorno por supuestas presiones a los empresarios y dueños del Grupo Indalo Fabián De Sousa y Cristóbal López.
En un fallo firmado hoy, la Sala 3 del máximo tribunal penal confirmó la decisión de la Cámara Federal que había sido cuestionada por los acusados Mauricio Macri, José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. La decisión la tomaron los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Cattucci.
Servini ordenó que el entrecruzamiento de llamados entre Macri y sus allegados incluyera todas las comunicaciones entre enero de 2016 y agosto de 2019. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) elaboró ese informe. Macri buscaba, a través de su abogado Pablo Lanusse, impedir que la jueza incorporara sus llamados a la investigación.
En medio de esos planteos, Riggi le reclamó el expediente a Servini, un movimiento que le costó una denuncia de Carlos Beraldi (abogado de Cristina Kirchner y de Fabián De Sousa) ante el Consejo de la Magistratura por supuesto encubrimiento a Macri.
LA HIPÓTESIS DE LA CAUSA
Según los denunciantes López y De Sousa, existieron reuniones y llamadas en las que supuestamente fueron presionados para vender sus empresas. López mencionó a Rodríguez Simón, Nicolás Caputo, Mario Quintana y José Torello como los interlocutores del Gobierno para llevar adelante las supuestas negociaciones y presiones.
López y de Sousa dijeron que Rodríguez Simón, en nombre de Macri, había llamado para presionarlos para que apoyaran a Cambiemos. Si no lo hacían, declararon, perderían sus empresas. Servini accedió a los llamados de Rodríguez Simón, que además fue citado a indagatoria y deberá declarar el próximo mes. Los registros prueban que hubo comunicaciones con las empresas de López, pero además revelan una constelación de casi 650 llamadas con familiares de Rodríguez Simón, funcionarios, periodistas de La Nación y Clarín y dos jueces de la Corte.
Rodríguez Simón cuestionó que se difundieran esas llamadas, ajenas a la investigación, pero además dijo que estaban mal informadas. Por ejemplo dijo que la jueza ordenó informar sobre los contactos que realizaron más de 15 comunicaciones, y en esa lista se colocó al juez de la Corte Horacio Rosatti o a un número de un periodista de La Nación. Sin embargo, Rodríguez Simón afirmó que se contaron dos veces las mismas comunicaciones, con lo que nunca debieron incluirse en ese listado de interlocutores frecuentes al juez Rosatti o al periodista.
Fuente: La Nación
