PRODUCCIÓN
por El Gobierno y las 4 entidades de la mesa de enlace (CRA, FAA, SRA y Coninagro) comenzaron a consensuar esta semana una serie de medidas impositivas y crediticias que apuntarán a aliviar la crisis que muchos productores agropecuarios atraviesan a causa de la sequía.
La intención del ministro de Economía, Sergio Massa, es que las medidas estén listas para ser anunciadas el próximo miércoles 1° de febrero, como se los manifestó a los dirigentes agropecuarios en la reunión que el viernes 20 de enero realizaron en el INTA Castelar.
Tras el diálogo que el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, mantuvo con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, y la presidente del Banco Nación, Silvina Batakis, desde el Gobierno dejaron trascender algunos de los beneficios que estudian.
Con el Banco Nación, la cartera agropecuaria informó que trabaja sobre el pedido de acceso a créditos con una tasa especial, enmarcada “dentro del contexto de la emergencia agropecuaria que deben dictar las provincias”.
En ese sentido, la entidad crediticia se comprometió a trabajar también en buscar los mecanismos necesarios para ver la factibilidad de que aquellos productores, que hayan tomado crédito con anterioridad, no vean modificadas su tasa de interés.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura relevará el universo de productores que podrían ingresar en algún esquema crediticio con la entidad bancaria, y en función de eso “resolver a la brevedad las soluciones a las que podrían acceder”.
De esta manera, estos incentivos se complementarán con el alivio fiscal que Bahillo definió con la AFIP. Desde el organismo recaudador indicaron que continuarán delineando los puntos tratados en la reunión y presentarán una propuesta formal sobre las acciones que se podrían implementar a corto plazo. Apuntan, en principio, a “devolver o no cobrar por un lapso de tiempo algunas cargas tributarias”.
Al respecto, desde la AFIP afirmaron que “pusieron a disposición su estructura de información para que se puedan puntualizar y dirigir la ayuda de manera eficiente a quienes realmente precisan de la ayuda del Estado”.
En ese marco, también se trataron otras inquietudes presentadas por las entidades rurales, como trabajar con las provincias para la declaración de emergencia en los territorios, una condición fundamental para poder sumarse a beneficios por parte de los productores, y la modificación de algunas cuestiones impositivas.
LOS RECLAMOS DEL CAMPO
Más allá de los aspectos generales que desde el Gobierno dejaron trascender de esta negociación, los dirigentes de la mesa de enlace fueron más específicos en algunos de los principales reclamos que le hicieron llegar nuevamente a Bahillo, durante un encuentro que fue realizada este jueves 26 de enero, para intentar consensuar los anuncios que Massa hará en los próximos días.
Al término de la reunión, la Sociedad Rural difundió un documento con algunos de los aspectos concretos que desde la entidad planearon durante el encuentro con Bahillo.
En ese sentido, señalaron que se deben acelerar las declaraciones de “Emergencia y Desastre” a nivel local, provincial y nacional.
Según consideraron, eso será necesario para instrumentar las prórrogas de los vencimientos del pago de algunos tributos y la suspensión de anticipos de Ganancias, pago a cuenta extraordinario de Ganancias y Bienes Personales. En estos últimos dos casos, con vencimiento al 14 de febrero.
También mencionaron que las declaraciones de emergencia son necesarias para eximir del pago del impuesto sobre los bienes personales y postergar tributos provinciales como el Inmobiliario Rural, próximos a vencer su primera cuota: en la provincia de Buenos Aires, el 9 de marzo; Santa Fe, el 22 de febrero; Córdoba, el 10 de febrero, y Entre Ríos el 11 de abril. Como así también exceptuar de Ingresos brutos a las actividades primarias y locales (tasas viales).
También consideraron necesario que se suspendan las retenciones de IVA en las liquidaciones de ventas de granos, carnes y lácteos, al igual que en los Insumos (fertilizantes, agroquímicos y semillas) para la campaña 2023/24. “Esta medida debe ser instrumentada desde los orígenes de la cadena (importación)”, consideraron.
Asimismo, reclamaron una prórroga de vencimientos de créditos a productores en emergencia y evitar que esta situación afecte sus clasificaciones crediticias.
Además, mencionaron la necesidad de recomoner los activos y el capital de trabajo y de impulsar líneas de préstamos (pueden ser también a valor producto) a tasas accesibles, con un plazo de gracia “acorde al tiempo de recomposición que demandará el ciclo productivo”.
En ese sentido, pidieron derogar la comunicación del Banco Central que limita los créditos a quienes tengan más de un 5% de su producción en stock de soja y trigo. Como así también el retiro de la tasa de interés de un 20% adicional para quienes tengan más del 5% de la soja cosechada. Además, solicitaron la postergación de los vencimientos de las tarjetas rurales Agro-Nación del Banco Nación y Pro-Campo del Banco Provincia.
En lo que respecta a las economías regionales, para mantener el nivel de empleo propusieron instrumentar un esquema que les permita prorrogar, por un año, el pago de las obligaciones de la seguridad social, similar al que ya se aplicó por medio de la Ley de Emergencia Frutícola, Número 27.354.
En el documento, los ruralistas tampoco dejaron de lado los reclamos estructurales del sector, como la eliminación de las restricciones de exportación de los 7 cortes vacunos, la liberación de las importaciones de semillas forrajeras, una posible rebaja de las retenciones, la unificación cambiaria y la eliminación del diferencial que genera los “valores aforados” en los derechos de exportación (DEX) de cueros.
De hecho, la SRA también le había hecho llegar a Massa, con anterioridad, una propuesta para reducir las retenciones a la mitad, con el mismo costo fiscal que tuvieron la primera y la segunda edición del “dólar soja”.
Fuente: Todo Noticias.
