La crisis energética que generó en Europa la restricción de gas barato que proveía Rusia, está llevando a instrumentar políticas de fuertes subsdidios directos a las familias de bajos recursos para que puedan afrontar el invierno, incluso en países con una traición de dura ortodoxia fiscal como los Países Bajos (Holanda).
El Parlamento holandés debate incrementar la ayuda de 800 euros mensuales para las familias de ingresos bajos afectadas por la suba de las facturas. El diario De Telegraaf subrayó que un hogar promedio destinará 5000 euros al año para afrontar ese servicio, cuando doce meses atrás eran 2000 euros anuales.
En tanto que el gobierno de Olaf Scholz en Alemania también discute gravar la renta inesperada de las energéticas y relajar los límites autoimpuestos para endeudarse. Los gobiernos se preparan para enfrentar un invierno muy duro con un creciente malestar social, después de atravesar la pandemia y en medio de una guerra sin final a la vista que disparó el costo de vida.
El presidente Emmanuel Macron ha tenido que equilibrar entre las urgencias de las energéticas y el empeoramiento de la situación social. La Asamblea francesa aprobó unos 20 mil millones de euros para paliar los efectos de la inflación, que contempla una prestación para las familias más vulnerables durante septiembre y un aumento del salario para los empleados del sector público. Otros 22 mil millones de euros irán a hacer frente a la reciente nacionalización de la empresa eléctrica EDI.Con una inflación anual proyectada en un 6,5%, el gobierno de Macron limitó el precio de los alquileres, aumentó las pensiones, ultima una bonificación para los trabajadores privados y fija un descuento por litro de combustible que se incrementará 30 centavos a partir de septiembre y por dos meses, un escudo social similar al implementado de Pedro Sánchez en España. El oficialismo francés contó con los votos de la derecha gaullista y de la extrema derecha de Marine Le Pen, mientras la izquierda se opuso por considerar las medidas insuficientes. Esta tensión también se agudiza en los demás países del continente.
Se trata de un giro muy visible de la visión económica de países que habían hecho del discurso de la disciplina fiscal un signo de "seriedad" en la administración pública.El debate por paliar los efectos sociales de la disparada de los precios de la energía se combina con otro incluso más crítico: garantizar el suministro del continente para un invierno que se anticipa crudo.
La Unión Europea ha dicho que se acerca a la meta del 80% de gas almacenado para hacer frente al invierno, aunque han tenido que destinar 50 mil millones de euros. Esta cifra supone diez veces más la cantidad de fondos destinados usualmente para garantizar la demanda energética. Según las autoridades, los niveles actuales de reservas superan el 70,5%, cuando el promedio de los últimos cinco años a esta altura del año es de 70,32%. Los gobiernos europeos han tenido que recurrir a sustitutos del gas ruso para llegar al objetivo.
Bruselas no solo sugirió una hoja de ruta para el ahorro de energía que consumen los hogares y los sectores productivos de la economía, sino que han incrementado la compra de gas natural licuado (GNL) y han reemplazado el gas por el carbón para que las centrales eléctricas sigan funcionando, abandonando la vandera de energías limpias que era una marca de la Unión y de Alemania en espacia, que ahora debate empezar a encender las centrales nucleares que apagó.
La consultora global ICIS señala que la UE en su conjunto importó 21,36 millones de toneladas de GNL en el primer semestre de 2022, mientras en el mismo periodo del año pasado fueron 8,21 millones de toneladas.
Para los países más dependientes del gas ruso, como Alemania, llegar al 80% es crucial para asegurar la calefacción de los hogares y la actividad en las ramas que más consumen energía, como la metalúrgica. Ante este panorama, los expertos calculan que los gobiernos deberán destinar al menos unos cinco mil millones de euros adicionales hasta el 1 de noviembre. Lo que debaten ahora es quién deberá asumir los costos de esa inversión.
El FMI pidió a los gobiernos del continente que no subsidien las facturas de gas y electricidad y que la mayor carga corra por parte de los propios consumidores "para fomentar el ahorro de energía y el abandono de los combustibles fósiles". El informe del organismo internacional sugirió una ayuda a las empresas energéticas para contener el alza momentánea de los precios y enfocarse en los hogares más vulnerables. Pero descartó una ayuda generalizada.Por su parte, la Comisión Europea está tratando de mitigar la escasez energética y aprobó un ahorro del 15% a partir del 1 de agosto, con límites a las temperaturas máximas de los aires acondicionados, un apagón de las vidrieras y el corte del agua caliente en edificios públicos.
Con todo, la incertidumbre marca el ritmo de las medidas debatidas en Bruselas: si Vladimir Putin corta de manera total la provisión de gas habrá que acelerar el almacenamiento y evaluar otras vías -el Ejecutivo alemán estudia rehabilitar las centrales nucleares programadas para cerrar a finales de este año-, lo mismo si el invierno resulta más frío de lo esperado.
Los gobiernos han tenido que ofrecer préstamos y créditos a las empresas energéticas e incurrir en salvatajes mientras compañías como Shell o BP viven un incremento exponencial de sus ganancias. Reino Unido y España han aplicado un impuesto extraordinario. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, advirtió semanas atrás que los empresarios de su país están alarmados por la posibilidad de "revueltas populares" si la crisis sigue lastrando los ingresos de los ciudadanos.
Fuente: La Política Online
