Cuando el ajuste nacional exprime al interior y los recursos se fugan por el mismo puerto de siempre

Los números nacionales son, por sí solos, un escándalo. La fotografía del mercado de trabajo argentino a comienzos de 2026 es la de un paciente en terapia intensiva: casi 300.000 puestos de trabajo asalariado formal destruidos en dos años, una tasa de informalidad que trepa al 43,3 por ciento y una sociedad donde uno de cada cuatro trabajadores está sobreocupado, obligado a multiplicarse para llegar a fin de mes. Son cifras frías que, sin embargo, esconden una realidad ardiente: la del trabajador que perdió su empleo registrado y hoy sobrevive como cuentapropista precario, la del joven que no encuentra su primer contrato y la del Estado que, lejos de ser un colchón, se convierte en un agente activo de ajuste. Pero si el promedio nacional es preocupante, la lupa sobre las provincias del interior, y específicamente sobre Jujuy, revela un panorama mucho más descarnado. En esta provincia del norte argentino, la crisis del empleo no es una abstracción estadística, sino una herida abierta que sangra en cada rincón de su geografía, y lo hace con la saña adicional de quien padece las decisiones tomadas en escritorios porteños que poco entienden de la realidad del interior profundo.

Jujuy es, ante todo, una víctima privilegiada de un modelo económico nacional que históricamente concentra la riqueza en el puerto y expulsa a las economías regionales del tablero. Cuando desde la Casa Rosada se celebran tasas de desempleo maquilladas por la precarización, en las ramblas de las ciudades y en los cerros de la Puna lo que se vive es un auténtico desmantelamiento del tejido productivo. La zona gris de la que hablan los analistas es aquí el color predominante. La construcción, rubro altamente sensible a la obra pública que el ajuste nacional ha paralizado, ha visto desaparecer entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo en los últimos meses, obreros que hoy engrosan las filas de la changa y la economía de subsistencia. La industria, por su parte, agoniza sin que desde el gobierno central llegue una sola política de reparación. Los industriales del Norte Grande han lanzado una alerta desesperada: la región está en un punto de inflexión que pone en riesgo miles de puestos de trabajo genuino, asfixiados por una apertura de importaciones que beneficia a las grandes corporaciones pero que barre con la producción local, imposibilitada de competir en desigualdad de condiciones.

El dato más inquietante en Jujuy no es solo la falta de empleo, sino la profunda precarización del que existe, un fenómeno que el modelo nacional no solo tolera sino que alienta con su política de ajuste permanente. Los trabajadores municipales jujeños denuncian que sus salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica, situándolos por debajo de la línea de la pobreza a pesar de tener un empleo, con ingresos iniciales que rondan los 750.000 pesos frente a una canasta que supera el 1.300.000. La frase "trabajador pobre" se convierte así en una realidad cotidiana, mientras el gobierno nacional celebra la baja de la inflación sin hacerse cargo de que los salarios perdieron la carrera mucho antes. La educación, pilar de cualquier sociedad, no es ajena a este derrumbe inducido. Los docentes jujeños denuncian que cerca del 70 por ciento de su salario se paga en negro y que la fragmentación de sus ingresos los obliga al pluriempleo. La imagen del profesor que, para subsistir, debe manejar un auto de aplicación o realizar trabajos informales es el símbolo más potente de una clase media que se desmorona por decisiones que se toman a miles de kilómetros, en un gobierno que desfinancia la educación pública y la convierte en un factor de exclusión en lugar de movilidad social.

Pero hay un dato que termina de configurar el cuadro de asfixia provincial y que funciona como una soga al cuello de las finanzas jujeñas: la caída libre de la recaudación nacional y, con ella, del IVA coparticipable, el impuesto más sensible al consumo y el que más fondos envía automáticamente a las provincias. Los números son lapidarios. Según datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la recaudación impositiva nacional sufrió un desplome del 9,5 por ciento real en febrero de 2026, marcando el séptimo mes consecutivo de caída . En ese contexto, el IVA, que es el termómetro más fiel de la actividad económica y el corazón de la masa coparticipable, se contrajo un 3,2 por ciento real interanual, desdibujando cualquier expectativa de alivio para los gobernadores . El impacto sobre Jujuy ha sido directo y brutal: los fondos de la Coparticipación Federal que recibe la provincia disminuyeron un 8,5 por ciento real en el primer bimestre de 2026, con una caída que se profundizó hasta el 8,7 por ciento en febrero . Esto significa que, en apenas dos meses, Jujuy dejó de percibir cientos de miles de millones de pesos que necesitaba para sostener servicios básicos, salarios y obra pública . La situación es tan crítica que el propio ministro de Hacienda, Federico Cardozo, admitió que el gasto mensual en salarios estatales ronda los 130 mil millones de pesos, mientras que la coparticipación proyectada para marzo es de apenas 124 mil millones, confirmando que los ingresos transferidos por Nación ya no alcanzan para cubrir la masa salarial . El economista Nadin Argañaraz, del IARAF, precisó que en el primer bimestre la recaudación nacional registró una baja real de 3,3 billones de pesos, y el IVA fue el impuesto que más cayó, con una pérdida de 1,68 billones. De esa sangría, una parte importante la sufren directamente provincias como Jujuy, que ven cómo el ajuste nacional se traslada en línea recta a sus arcas sin margen de negociación política.

La caída del IVA no es un dato técnico ni una abstracción contable: es la traducción fiscal de una economía que se apaga, de un consumo que se desploma porque la gente no llega a fin de mes, de comercios que cierran y de empresas que dejan de facturar. Y cuando la masa coparticipable se encoge, las provincias periféricas como Jujuy quedan atrapadas en una pinza mortal: tienen que sostener salarios, salud, educación y seguridad con menos ingresos y con costos que no dejan de subir . En el caso jujeño, la situación es aún más grave porque la dependencia de los fondos nacionales es altísima y la capacidad de generar recursos propios es limitada en un contexto de recesión profunda . Por eso, cuando la Nación celebra superávit fiscal a costa de licuar jubilaciones y ajustar transferencias, en Jujuy lo que se vive es el estrangulamiento de las cuentas públicas y la imposibilidad de sostener el funcionamiento básico del Estado. La diputada María Teresa Agostini lo resumió con claridad: con escasos fondos de transferencia automática, el ajuste deja de ser una opción política para convertirse en una obligación aritmética.

Pero el ahogo no termina ahí. Si la Nación asfixia a la provincia, hay algunos municipios, que terminan de rematar a los pocos privados que aún resisten con una presión fiscal escandalosa que combina lo peor de dos mundos: exigen estándares tributarios propios de países nórdicos, pero brindan servicios propios del África más marginal. La contradicción es tan absurda como insultante. Mientras el gobierno nacional ajusta y la coparticipación se desploma, y en esos municipios se mantiene una estructura de tasas y contribuciones que aplasta a comerciantes, industriales y prestadores de servicios, con exigencias formales y costos impositivos que serían impensables incluso en las ciudades más desarrolladas de Europa. Pero cuando el contribuyente mira a su alrededor y reclama la contraprestación, lo que encuentra es un desierto de servicios: calles destruidas, recolección de residuos deficiente, iluminación inexistente, seguridad ausente, y una burocracia municipal que funciona con la eficiencia y la calidez del peor de los estados fallidos.

Esta situación ha llegado a tal punto de desquicio que en la Legislatura provincial ya se debate un proyecto de Ley de Armonización Tributaria Municipal impulsado por el diputado Carlos Haquim, que busca poner límites claros al cobro de tasas municipales y establecer que solo podrán aplicarse cuando exista una prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio, y que su monto guarde una proporción razonable con el costo real del mismo . La iniciativa, que cuenta con apoyo de diversos sectores, apunta a evitar la doble imposición y a proteger a contribuyentes, consumidores y usuarios de lo que ya es una práctica generalizada: cobrar tasas desproporcionadas que no se corresponden con servicio alguno, basadas en porcentajes sobre facturación, consumo o valor de bienes, y que muchas veces se incorporan en las facturas de servicios públicos sin que el ciudadano tenga posibilidad de discriminarlas ni reclamarlas . El propio Haquim denunció que, mientras a los pocos empresarios que aún resisten en Jujuy se los aprieta con impuestos municipales desmedidos para sostener servicios que no existen, las grandes empresas que llegan de afuera con sellos de aprobación nacional operan con ventajas impositivas que vacían aún más la capacidad productiva local, profundizando la inequidad y el desarraigo.

El temor fundado es que esta combinación de factores termine por expulsar definitivamente a los pocos privados que aún apuestan por Jujuy. La Zona Franca de La Quiaca, pensada para potenciar el comercio en la frontera, corre el riesgo de convertirse en un enclave para capitales externos que se llevan todo sin fortalecer la producción local ni generar arraigo, replicando el modelo extractivo que históricamente ha condenado al norte a ser proveedor de recursos y receptor de migajas. Lo mismo ocurre con la minería: un modelo que promete desarrollo pero que, en los hechos, convive con pueblos sin agua potable y genera solo un puñado de empleos directos, mientras las regalías se diluyen en promesas incumplidas y las decisiones sobre los emprendimientos se toman en Londres, Toronto o Buenos Aires, nunca en Jujuy. Es la paradoja de una provincia rica en litio, en tierras raras, en energías renovables, pero con una población que, cada vez más, empuja la carretilla de la informalidad para sobrevivir mientras observa cómo la riqueza se escapa por el mismo camino que tomaron los minerales durante la colonia.

Lo que ocurre en Jujuy no es un problema local, ni puede explicarse por decisiones provinciales equivocadas. Es el espejo donde se refleja el fracaso de un modelo económico que, so pretexto de orden fiscal y confianza inversora, ha dinamitado el contrato social más básico: el del trabajo como herramienta de dignidad y movilidad social. Es un modelo que condena a las provincias periféricas a cumplir el rol de reserva de mano de obra barata y expulsora de población joven, mientras los recursos estratégicos se negocian en mesas donde Jujuy no tiene representación. Mientras en Buenos Aires se celebran logros macroeconómicos que maquillan la realidad con estadísticas complacientes, en el norte argentino miles de familias ven cómo el empleo formal se convierte en un lujo del pasado y la pobreza, en la herencia forzada para sus hijos. Y mientras el gobierno nacional ajusta y celebra superávit, Jujuy ve caer la coparticipación mes a mes, ve cómo el IVA se desploma por la recesión inducida, ve cómo los fondos para pagar salarios, sostener hospitales y mantener escuelas se esfuman en la lógica implacable de un modelo que concentra y excluye. Y en ese cuadro de asfixia generalizada, los municipios, lejos de aliviar la carga, aprietan aún más a los privados con exigencias fiscales que serían ridículas si no fueran trágicas, reclamando estándares de contribución que no se corresponden con servicios que brillan por su ausencia. La pregunta que sobrevuela el paisaje jujeño, desde las ramblas de la capital hasta los cerros de la Puna, pasando por las desoladas planicies de la Quiaca, es inquietante y merece una respuesta que no llega: si el trabajo ya no sirve para vivir, si la dignidad se negocia por un plato de comida, si las provincias productoras de riqueza deben conformarse con migajas mientras el modelo nacional premia a quienes especulan en el puerto, si los municipios exprimen hasta el último peso a los privados sin ofrecer nada a cambio, ¿qué queda para los que habitamos este suelo? La respuesta, por ahora, la escriben a diario los trabajadores precarizados, los docentes pluriempleados, los obreros de la construcción que esperan una changa en las esquinas, los comerciantes que cierran sus persianas aplastados por tasas imposibles y los jóvenes que hacen la valija con destino incierto, mientras el país celebra su orden fiscal sobre las ruinas de la dignidad laboral del interior y sobre la caja vacía de provincias enteras condenadas a la asfixia.