por La caída de Nicolás Maduro marca el cierre de una de las experiencias autoritarias más prolongadas y destructivas de la historia reciente de América Latina. El colapso económico, la erosión institucional y la diáspora masiva configuran un diagnóstico ampliamente compartido. Sin embargo, equiparar automáticamente la remoción del dictador con el inicio de una transición democrática constituye un error analítico que la teoría política ha advertido reiteradamente.
La democracia no se define únicamente por la salida del régimen autoritario, sino por la reconstrucción de la soberanía popular como fuente legítima del poder. Las transiciones exitosas requieren no sólo el fin del autoritarismo, sino la existencia de reglas aceptadas, actores con capacidad de decisión autónoma y un proceso de institucionalización sostenido en el tiempo. Cuando el cambio de régimen se produce por intervención externa, éstos elementos quedan comprometidos.
Si bien se pone fin a un liderazgo autocrático, también se suspende, al menos de manera provisoria, la capacidad del pueblo venezolano de decidir el rumbo de su propio proceso político. El problema ya no es solo quién detenta el poder, sino con qué legitimidad y bajo qué fuente de autoridad se redefine el orden político.
Las distintas teorías sobre la soberanía indican que no hay democracia posible sin control efectivo del territorio, de los recursos estratégicos y del proceso decisional. Cuando el poder se redefine por la fuerza y cuando las decisiones centrales se negocian fuera del marco institucional interno, la transición se vacía de contenido democrático. Cambiar una dictadura por un esquema de tutela externa no constituye una ampliación de derechos, sino una mutación del tipo de dependencia.
Las transiciones inducidas desde el exterior tienden a producir democracias de baja intensidad con márgenes reducidos de autonomía, alta fragilidad institucional y escasa legitimidad social. En éstos casos, el problema no es sólo la estabilidad política, sino la incapacidad estructural del nuevo orden para construir consensos duraderos y ejercer soberanía efectiva.
El desafío de la oposición venezolana no se limita a administrar el colapso del régimen, sino a evitar que la transición derive en una democracia tutelada. Defender el voto es indispensable, pero la defensa de la soberanía es condición necesaria para que el nuevo ciclo político no nazca condicionado desde su origen.
La política exige mirar más allá del desenlace inmediato. Maduro puede haber caído, pero la cuestión decisiva permanece abierta, si Venezuela logrará reconstruir una democracia soberana o simplemente habrá reemplazado una forma de dominación por otra. Esa distinción teórica, histórica y política debería ordenar cualquier análisis serio sobre el futuro de ese país.
