El intento del gobierno de Milei de bloquear la designación de una jueza por el simple hecho de ser cuñada de un periodista incómodo no merece otro nombre que persecución. El Senado acaba de repudiarlo con 44 votos, pero el daño institucional ya está hecho, y el escándalo mayor, el que debería poner a todos los demócratas de este país frente al espejo, es quiénes terminaron defendiendo la república. Lo que el gobierno nacional intentó perpetrar con el pliego de la doctora María Verónica Michelli no requiere eufemismos: es una ignominia, de esas acciones que, cuando ocurrían bajo los regímenes que el mundo conoció en el siglo pasado, los libros de historia registran como el momento en que algo se quebró para siempre. Que suceda en la Argentina de 2026, bajo un gobierno que se autoproclama defensor de la libertad individual, agrega al escándalo una capa de hipocresía difícil de tragar.
Los hechos son precisos y no admiten distorsión. Michelli es una magistrada con 32 años de carrera judicial ininterrumpida. Egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, ingresó al Poder Judicial en 1994 y acumuló décadas de trabajo en secretarías electorales, cámaras federales y tribunales orales de La Plata. Su pliego fue enviado al Senado por el propio Poder Ejecutivo, reunió nueve de las diecisiete firmas de la Comisión de Acuerdos, todo en orden, todo según las reglas, hasta que el gobierno descubrió —o decidió usar— un dato que nada tiene que ver con la idoneidad profesional de nadie: Michelli es cuñada de Hugo Alconada Mon, el periodista de La Nación que viene trabajando en las investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se castiga a una profesional de 32 años de trayectoria intachable por el "delito" de compartir vínculo familiar con un periodista que incomoda al poder.
A partir de ese momento, la maquinaria oficial se puso en marcha. El presidente de la Comisión de Acuerdos, el libertario Juan Carlos Pagotto, se negó a presentar el dictamen que sus propios colegas habían firmado, y luego vino el paso definitivo: el Poder Ejecutivo solicitó formalmente el retiro del pliego, movida impulsada directamente por Milei y por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El motivo no fue enunciado en ningún documento oficial, no hacía falta, todos entendieron el mensaje. Hay aquí una contradicción que merece ser subrayada con toda la claridad posible: este gobierno llegó al poder prometiendo la antítesis del autoritarismo estatal, libertad individual, mérito propio, separación de poderes, ese era el ideario declarado, y sin embargo, la decisión que tomó respecto de Michelli pertenece a una tradición política completamente distinta, la de los regímenes que castigaban a los familiares de los disidentes.
No es una comparación retórica. Los viejos manuales del Kremlin enseñaban que el enemigo no habita solo en el disidente, sino en toda su red afectiva. La Corea de Kim Jong-un aplica hasta hoy lo que se conoce como "las tres generaciones de castigo": por el supuesto crimen de un ciudadano, toda su familia arrastra las consecuencias. La lógica es idéntica a la que el gobierno de Milei aplicó con Michelli: si el periodista es molesto, su cuñada paga el precio. No hay nada menos liberal que eso, no hay nada más antilibertario que castigar a una persona por los actos de otro. Un gobierno que se vende como la antítesis del comunismo acaba de importar una de sus metodologías más perversas: la responsabilidad familiar colectiva. ¿Y qué hizo Alconada Mon para merecer esta venganza indirecta? Su trabajo. Lleva décadas incomodando al poder de turno, sin distinción de banderas. Fue él quien investigó el entramado de la causa Hotesur, que terminó con condena sobre Cristina Fernández de Kirchner, fue él quien puso la lupa sobre Lázaro Báez, y es él quien hoy trabaja sobre el caso $LIBRA y sobre el patrimonio de funcionarios del actual gobierno. Por eso lo temen, y por eso le pegaron donde duele: en su cuñada.
Pero hay una dimensión de este episodio que supera al propio escándalo y que merece ser nombrada sin rodeos, aunque resulte incómoda para todos los actores involucrados: en la votación del Senado que aprobó el pliego de Michelli, los votos que defendieron la república y la independencia judicial vinieron, en su mayoría, del kirchnerismo. Deténgase el lector un momento en esa frase. El kirchnerismo, ese espacio político que durante años manipuló la Justicia a su antojo, que intentó reformar la Corte Suprema para ponerla bajo su órbita, que usó el aparato estatal como herramienta de persecución de adversarios, ese mismo espacio fue hoy quien cerró filas para defender a una magistrada de carrera frente a la arbitrariedad del poder ejecutivo, no porque se hayan convertido en republicanos de convicción —nadie debería engañarse con eso—, sino porque la acción del gobierno fue tan grosera, tan imposible de defender, que hasta quienes tienen un historial cuestionable en materia institucional se vieron obligados a ponerse del lado correcto. Que el kirchnerismo haya terminado siendo la voz republicana de esta historia no es un elogio para el kirchnerismo, es la medida exacta de hasta dónde llegó el gobierno con esta ignominia.
Eso es lo verdaderamente delirante del cuadro, no que el kirchnerismo haya votado bien en este caso —las circunstancias y los intereses políticos pueden llevar a cualquiera a votar bien en un caso particular—, lo delirante es que un gobierno que se presenta como la superación moral e institucional del kirchnerismo haya logrado que el kirchnerismo quede, ante la opinión pública, del lado de la separación de poderes. Eso no habla bien del kirchnerismo, habla pésimo del gobierno. La maniobra además generó una fractura visible dentro de las propias filas libertarias. Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anunció su "objeción de conciencia" y comunicó personalmente al presidente Milei que no acompañaría el retiro del pliego, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió a Michelli y le expresó respaldo institucional. El gesto no fue menor: dejó en evidencia que la orden emanada de la Casa Rosada cruzaba una línea republicana tan evidente que sus propios aliados no podían defenderla en público. Milei, lejos de dar marcha atrás, eligió justificarse reposteando a un exjuez que argumentaba que el Presidente puede retirar pliegos porque así lo permite la Constitución. El argumento tiene una verdad formal y una falsedad política enorme: sí, puede, lo que no puede hacer sin consecuencias es retirarlo por razones de parentesco periodístico, sin que eso sea llamado por su nombre.
El Senado aprobó el pliego de Michelli con 44 votos a favor y apenas 18 en contra, todos del oficialismo. El único senador libertario que votó a favor fue el formoseño Francisco Paopltroni, mientras Patricia Bullrich se abstuvo. El resultado es contundente y saludable, pero que el Senado haya corregido el rumbo no borra lo ocurrido. El intento existió, la orden fue dada, el mensaje fue enviado a todos los periodistas que investigan al poder y a todos sus familiares: su carrera puede ser el precio de la incomodidad de otro. Eso es lo que quedará escrito en el historial de este gobierno, independientemente del desenlace judicial de Michelli. Ahora queda en manos del Presidente firmar la designación, y será interesante ver qué hace con esa firma. Argentina merece algo mejor que esta réplica tropical del estalinismo, y los verdaderos liberales —los que creen en la separación de poderes, en el individuo libre, en la ausencia de represalias estatales— deberían ser los primeros en repudiarlo, porque si la libertad no se defiende cuando le conviene al poder, no es libertad, es decorado. Basta de castigar a los familiares de los periodistas, basta de esta ignominia.
