por Evo Morales se ha convertido en el principal instigador de la revuelta boliviana, un conflicto que cada día genera más repudio entre la ciudadanía. Ya es hora de llamar a las cosas por su nombre. Refugiado en el Chapare, declarado en rebeldía y con órdenes de captura activas, el expresidente no es otra cosa que un prófugo. Utiliza los bloqueos, la violencia y el desabastecimiento como herramientas de presión política para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz y así intentar frenar las graves causas judiciales que lo acorralan.
Mientras los bolivianos sufren la falta de alimentos, combustible e incluso oxígeno medicinal, Morales, desde su bastión cocalero, alienta protestas que él mismo niega haber promovido. Sin embargo, sus propias palabras lo delatan: "La pacificación pasa por la renuncia presidencial". No hay aquí ninguna legítima lucha social, sino la desesperación de un político acorralado por la justicia que prefiere incendiar el país antes de sentarse en el banquillo. El resultado de esta estrategia ya es trágico e irreversible: Bolivia lleva una decena de muertos, y entre ellos hay un niño de 12 años que perdió la vida dentro de una ambulancia a la que un grupo de facinerosos, disfrazados de manifestantes, impidió llegar a un hospital. Ese niño no murió por casualidad ni por destino: lo asesinó la furia irracional de los bloqueos, la misma furia que Morales ha desatado con sus arengas y que sus seguidores más fanáticos ejecutan en las rutas con total impunidad. Mientras el expresidente se esconde en el Chapare rodeado de sus grupos de choque, el país llora a sus muertos y la ciudadanía comienza a preguntarse hasta cuándo seguirá tolerando que un prófugo de la justicia les robe la paz, el trabajo y la vida de sus hijos.
A este siniestro panorama se suma la ultraizquierda jujeña. Y aquí es necesario dejar algo en evidencia de una vez por todas, porque ya no se trata de una opinión política sino de una constatación fáctica: esa ultraizquierda no conoce otro camino que no sea el de la violencia. No sabe dialogar, no respeta los derechos humanos, no le importan los niños ni los enfermos, no se conmueve con los cadáveres. Su única brújula es generar el caos más profundo en nombre de pretendidas luchas populares que, en realidad, son máscaras vacías para ocultar su vocación destructiva. Cada bloqueo, cada ruta tomada, cada ambulancia detenida, cada hospital que se queda sin oxígeno es para ellos una victoria táctica en su guerra perpetua contra el orden democrático. No importa que un niño de 12 años se desangre o se ahogue en su propia falta de aire mientras los facinerosos le impiden llegar a un médico; lo importante es mantener la presión, mostrar la fuerza, hacer que el país se arrodille. Esa es la lógica de la ultraizquierda: el caos como método, la muerte como costo asumible y el sufrimiento ajeno como combustible para sus delirios revolucionarios.
Mientras Bolivia sangra con rutas paralizadas, ambulancias detenidas a la fuerza y cadáveres de inocentes que nunca debieron morir, sectores como el Partido Obrero de Argentina vitorean las movilizaciones y pregonan "¡Hagamos como en Bolivia!" como si se tratara de una gesta heroica. Ignoran deliberadamente que ese modelo que defienden ya ha cobrado vidas, que sus sueños húmedos de revolución se escriben con la sangre de un niño al que negaron el derecho a ser atendido, que su ideología es una fábrica de huérfanos y de madres destrozadas. No hay nada de revolucionario en proteger a un líder acusado de estupro, traficante y trata agravada de personas, ni en celebrar bloqueos que condenan a muerte a los más indefensos. Esa ultraizquierda, completamente extraviada y desconectada de la realidad, confunde la violencia callejera con la épica y termina siendo cómplice de los peores crímenes: terrorismo, sedición, corrupción y, ahora, homicidio indirecto de un menor. Y lo peor de todo es que lo hacen con una sonrisa en el rostro, convencidos de que están del lado de la historia, cuando en realidad están del lado de la muerte.
Para entender la desesperación de Morales y la ferocidad de la ultraizquierda que lo respalda, es necesario repasar el extenso rosario de causas judiciales que lo tienen contra las cuerdas. En Tarija enfrenta un proceso por trata agravada de personas y estupro, acusado de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años mientras ejercía la Presidencia de Bolivia. Existen más de 170 pruebas que incluyen mensajes, testimonios, documentación oficial y un certificado de nacimiento donde Morales figura señalado como padre. La Fiscalía pidió 20 años de prisión, y el exmandatario, lejos de enfrentar a la justicia, fue declarado en rebeldía tras ausentarse reiteradamente de las audiencias. La madre de la menor también está prófuga. Este solo caso ya sería suficiente para que cualquier persona con un mínimo de decencia repudiara a Morales para siempre, pero lamentablemente el expediente no termina ahí.
A esto se suman los cargos por sedición y terrorismo por la crisis de 2019, cuando, tras su salida del poder, se le acusó de haber promovido acciones violentas y bloqueos para presionar al gobierno interino. Incluye el denominado "caso audio", donde una conversación filtrada lo mostraba coordinando cercos a ciudades y cortes de alimentos. También está la investigación por fraude electoral en las elecciones de 2019, aquellas que la Organización de Estados Americanos detectó con anomalías graves y que terminaron anuladas en medio de protestas masivas y una crisis política que derivó en su renuncia. Y no pueden olvidarse los múltiples escándalos de corrupción que salpicaron sus casi catorce años en el poder: el caso Gabriela Zapata, su expareja que obtuvo contratos millonarios con el Estado mientras mantenía una relación con el entonces mandatario; los millonarios desvíos del Fondo Indígena, un programa estatal destinado a financiar proyectos campesinos que terminó bajo investigación por obras inconclusas y manejo irregular de dinero público; y más recientemente, las denuncias por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y atentados contra servicios públicos a raíz de los bloqueos violentos que él mismo organizó desde su refugio en el Chapare. Todo eso, sumado a las órdenes de captura vigentes y su declaración en rebeldía, dibuja el retrato de un político que no tiene nada de mártir ni de perseguido: es un delincuente común que huye de la ley mientras sigue sembrando el caos y acumulando cadáveres ajenos para protegerse.
La ciudadanía boliviana, cada vez más harta del chantaje, el terrorismo callejero y las muertes evitables, comienza a alzar su voz de rechazo. Ya no se trata de ideologías ni de simpatías partidarias: se trata de que un niño de 12 años está muerto porque unos malandras no dejaron pasar una ambulancia. Se trata de que hay una decena de familias bolivianas que no volverán a ver a sus seres queridos gracias a los bloqueos que Morales y la ultraizquierda defienden como si fueran una herramienta legítima de lucha. Se trata de que el país entero ha sido rehén de un prófugo que no duda en incendiar su propia patria con tal de no pisar una cárcel.
Frente a todo esto, la ultraizquierda haría bien en despertar de su letargo criminal de una buena vez: los sueños húmedos de una insurrección no lavan las manchas de la corrupción, no justifican la violencia contra los inocentes, no borran el horror de una relación con una menor de edad ni resucitan al niño de 12 años al que sus bloqueos asesinaron dentro de una ambulancia. En Bolivia, el único camino posible es el de la justicia, la captura de Evo Morales y el fin definitivo de la impunidad. Que nadie se engañe: el principal instigador de esta revuelta no es un líder perseguido ni un mártir del pueblo, sino un prófugo que debe responder ante la ley por decenas de muertos, por corrupción, por estupro y por terrorismo. Y la ultraizquierda violenta que lo acompaña no es más que una fábrica de muerte disfrazada de lucha popular, una fábrica que ya tiene su primera víctima infantil y que, si no se la detiene a tiempo, seguirá sumando cadáveres en nombre de pretendidas revoluciones que solo existen en la cabeza enferma de quienes confunden el caos con la justicia social.
Bolivia merece paz, merece justicia y merece llorar a su niño de 12 años sin que ningún violento le impida hacerlo. Eso, y solo eso, es lo que está en juego.
