por Hace unos días, la posibilidad de implementar peajes en las rutas nacionales 9, 34 y 66 instaló nuevamente el debate público en Jujuy. El tema fue abordado en la Legislatura provincial durante reuniones con autoridades de Vialidad Nacional, donde se analizaron los proyectos de concesión previstos para estos corredores estratégicos de la provincia.
Como ocurre cada vez que se plantea la incorporación de un nuevo tributo o mecanismo de pago, surgen innumerables preguntas. La primera, y probablemente la más lógica, es cuánto costará. Sin embargo, esa debería ser la última pregunta. Antes de responderla, es necesario abordar cuestiones mucho más profundas y estructurales vinculadas con la determinación económica de la tarifa, los servicios y obras que recibirá el usuario a cambio, y las obligaciones que asumirá el concesionario durante los años de operación, por citar solo algunas.
Estas preguntas son importantes porque detrás de un peaje existe mucho más que una simple cabina de cobro. Existe un modelo de financiamiento de infraestructura que, bien diseñado, puede mejorar significativamente la calidad y seguridad de las rutas; pero, mal diseñado, puede transformarse en una carga injustificada para los usuarios.
¿POR QUÉ APARECEN LOS PEAJES?
Las rutas tienen un costo permanente. No solo es necesario construirlas, sino también conservarlas durante décadas. Bacheo, repavimentaciones, mantenimiento de puentes, señalización, iluminación, sistemas de seguridad vial, asistencia en emergencias, control del tránsito y conservación de banquinas forman parte de una extensa lista de actividades que demandan inversiones constantes.
Frente a las limitaciones presupuestarias del Estado, muchos países han adoptado con éxito sistemas de concesión vial mediante los cuales una empresa privada asume la obligación de invertir, operar y mantener una ruta a cambio del derecho a percibir ingresos provenientes del peaje.
Precisamente, los proyectos actualmente analizados para Jujuy se enmarcan dentro de los nuevos esquemas de concesión impulsados para distintos corredores nacionales, incluyendo las rutas 9, 34 y 66, las cuales hoy presentan, en diversos tramos, un estado regular cuando no directamente preocupante.
En gran parte del mundo, los peajes han permitido sostener niveles adecuados de mantenimiento y servicio, constituyendo una herramienta clave para disponer de infraestructura segura, eficiente y en buenas condiciones. Como todo sistema concesionado, requiere además controles permanentes que verifiquen el cumplimiento técnico, financiero y legal de las obligaciones contractuales.
Actualmente, una concesión moderna suele incluir, además de las tareas tradicionales de conservación y rehabilitación, sistemas inteligentes de transporte para monitorear y agilizar la circulación, centros de control operativos, iluminación eficiente, atención permanente al usuario y mecanismos de respuesta rápida ante incidentes o emergencias.
¿CÓMO SE CALCULA UN PEAJE?
Sin entrar en detalles excesivamente técnicos, la metodología básica es relativamente sencilla de comprender.
En primer lugar, debe determinarse el costo total de la inversión. Para ello es necesario conocer qué obras o trabajos se pretende financiar mediante el sistema, cuál será el nivel de mantenimiento exigido, cuáles son los costos operativos previstos y qué rentabilidad razonable corresponde al capital invertido. Posteriormente, se estima cuántos vehículos utilizarán la infraestructura durante la vida útil de la concesión.
En términos conceptuales:
Peaje = Costos Totales del Proyecto ÷ Cantidad de Usuarios Proyectados
Por supuesto, en la práctica intervienen modelos económicos complejos, análisis de riesgo, inflación, crecimiento del tránsito y múltiples variables financieras. Sin embargo, el principio rector sigue siendo el mismo: quienes utilizan la infraestructura contribuyen a financiarla.
Aquí aparece uno de los aspectos más importantes del debate. Si el cálculo financiero se aplicara de manera estricta, muchas rutas del mundo tendrían peajes extremadamente elevados.
Supongamos una obra de gran costo y bajo tránsito. Si toda la inversión debiera recuperarse exclusivamente mediante el cobro a los usuarios, el valor resultante podría ser socialmente inaceptable.
Por esa razón, los proyectos modernos incorporan mecanismos de equilibrio, como aportes estatales, subsidios parciales, ampliación de los plazos concesionales o ingresos complementarios. El objetivo es evitar que la tarifa técnicamente correcta se convierta en una tarifa irracional.
Claramente, la definición tarifaria no es algo que pueda tomarse a la ligera. Requiere estudios de ingeniería, tránsito, economía y financiamiento sumamente rigurosos. En muchos casos, la ecuación no es lineal y deben aplicarse mecanismos de compensación para alcanzar un equilibrio razonable entre sustentabilidad económica y aceptación social.
¿QUÉ RECIBEN LOS USUARIOS A CAMBIO?
Para no extenderme demasiado, considero que la verdadera pregunta no debería ser únicamente cuánto cuesta el peaje, sino qué nivel de servicio obtiene el usuario.
Por mi profesión, paso gran parte del tiempo recorriendo rutas, al igual que miles de trabajadores jujeños que diariamente deben trasladarse por motivos laborales, productivos o personales. Ellos conocen de primera mano las dificultades que generan los baches, la falta de mantenimiento, la señalización deficiente o las banquinas invadidas por maleza.
Un peaje razonable debería traducirse en mejores rutas, mejores condiciones de circulación y mayor seguridad vial. Y ello, a su vez, implica menos accidentes, menores tiempos de viaje, menores costos de reparación vehicular y una mayor previsibilidad logística.
Ya lo he expresado en columnas anteriores: la infraestructura adecuadamente conservada favorece la eficiencia logística y fortalece el transporte productivo. La inversión debe recuperarse a través de una economía regional dinámica y competitiva. Cuanto más movimiento tenga nuestra red vial, mejores condiciones estaremos en condiciones de exigir en futuras concesiones.
En otras palabras, el usuario no paga únicamente por circular; paga por un determinado estándar de servicio.
Por su ubicación estratégica dentro del Corredor Bioceánico y del sistema logístico del NOA, Jujuy está llamada a consolidar una red vial capaz de captar y canalizar tránsito regional e internacional. Una infraestructura moderna genera actividad económica, empleo e ingresos tributarios genuinos para la provincia.
Existen numerosos ejemplos en el mundo donde peajes elevados financian obras que resuelven problemas logísticos de enorme magnitud. Tal es el caso del Tokyo Bay Aqua-Line, en Japón, una de las obras de ingeniería vial más complejas del planeta, o del George Washington Bridge, en Estados Unidos con un costo promedio de USD 20. En ambos casos, las tarifas pueden parecer elevadas, pero los usuarios las aceptan porque ahorran tiempo, reducen costos y brindan soluciones concretas a problemas de movilidad que de otro modo serían mucho más costosos.
Estas tarifas reflejan inversiones extraordinarias y costos de mantenimiento muy superiores a los de una carretera convencional. Sin embargo, la sociedad las utiliza voluntariamente porque percibe claramente los beneficios que recibe a cambio.
UN DEBATE QUE DEBE CENTRARSE EN LA INFORMACIÓN
La discusión que hoy comienza en Jujuy no debería reducirse a estar "a favor" o "en contra" de los peajes.
Las preguntas centrales son otras: ¿Qué obras concretas se ejecutarán? ¿Qué estándares de mantenimiento se exigirán? ¿Cuál será la tarifa inicial? ¿Cómo se actualizará? ¿Qué mecanismos protegerán a los usuarios? ¿Qué rutas alternativas libres de peajes existirán? ¿Qué beneficios tangibles recibirá la comunidad?
Los peajes no son buenos ni malos por definición. Son simplemente una herramienta de financiamiento. Su legitimidad dependerá de la transparencia de los contratos, de la razonabilidad de las tarifas, del cumplimiento efectivo de las obras comprometidas, de la calidad de los servicios prestados y de la existencia de alternativas adecuadas para los usuarios.
La verdadera discusión radica, finalmente, en lograr que el sistema propuesto equilibre de manera justa objetivos fundamentales: financiar la infraestructura, garantizar una movilidad eficiente, ofrecer tarifas razonables y poner en valor una red vial estratégica para el desarrollo de Jujuy y de toda la región.
