por El gobierno argentino, mediante el reciente anuncio de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dio un paso audaz: eliminar la certificación eléctrica obligatoria para productos importados que cumplan normas internacionales, como las de la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). Con las Resoluciones 237/2024 (30 de agosto de 2024) y 16/2025 (5 de marzo de 2025), se despide el sistema de certificación por terceros —reconocido por el logo "SC" durante más de 25 años— y se adopta un modelo de autodeclaración a cargo de fabricantes e importadores. Los productos ahora llevarán un sello QR y un distintivo "AR" con doble tilde azul, dejando atrás normativas históricas como las resoluciones 731/87, 524/98 y 169/18.
La medida busca reducir la burocracia y agilizar el comercio exterior. Según Sturzenegger, exigir certificaciones locales a productos ya validados globalmente —como computadoras Apple o electrodomésticos de marcas reconocidas— era un trámite redundante que encarecía y demoraba su llegada. Para dispositivos de bajo voltaje (menos de 50V), como tiras LED de 12V, el cambio parece lógico por su bajo riesgo. Además, aceptar estándares internacionales (CE, UL, NOM) y permitir enchufes no estandarizados con adaptadores certificados promete dinamizar el mercado. Importadores y consumidores podrían beneficiarse con mayor oferta, competencia y menos esperas, aunque el impacto en los precios finales no está garantizado, ya que los costos de certificación no eran el principal obstáculo.
Sin embargo, no todo es tan simple. Algunos productos, como herramientas portátiles, equipos de jardinería, electrodomésticos para el cuidado personal o cargadores de batería, seguirán requiriendo certificación, incluso si operan bajo 50V. Antes, la certificación por marca exigía revisar producto y fábrica; ahora, una certificación de tipo —sin inspección fabril— podría ser suficiente. Esto plantea dudas: ¿serán los importadores y el mercado capaces de autorregularse en un país donde los controles no siempre brillan por su rigor?.
Oportunidades económicas, pero con riesgos
La desregulación promete un "boom" de consumo al acelerar la llegada de productos eléctricos, tanto importados como nacionales. La industria local tiene una oportunidad de oro para competir, siempre que mantenga estándares de calidad. Sin embargo, el éxito dependerá de factores externos como el tipo de cambio o los costos logísticos, que la normativa no toca, y de la capacidad de las empresas argentinas para enfrentar la avalancha de importaciones.
El gran signo de pregunta es la seguridad. Las normas internacionales son sólidas, pero la supervisión local ofrecía una capa extra de protección, ajustada a la realidad argentina: 220V/50Hz y hábitos de uso particulares. Confiar solo en certificaciones extranjeras y autodeclaraciones abre la puerta a productos de calidad dudosa. Los adaptadores certificados, por ejemplo, podrían generar fallas, recalentamientos o incluso incendios si no se controlan bien. Ahora, un producto con una ficha no reglamentada por IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) podrá venderse, siempre que indique en su caja o etiquetado que requiere un adaptador certificado. ¿Quién garantiza que esto se cumpla?
Fiscalización: el talón de Aquiles
La efectividad del modelo depende de una fiscalización estatal que las resoluciones no detallan. Los comercializadores presentarán declaraciones juradas, pero ¿cómo se verificará su veracidad? ¿Qué sanciones habrá por irregularidades? Sin la Aduana como filtro y con un año de transición para las certificaciones previas, podría surgir un vacío que facilite la entrada de productos subestándar. Esto pone presión sobre los consumidores, quienes deberán distinguir sellos confiables y priorizar seguridad sobre precios bajos, algo difícil en una cultura donde la oferta suele mandar.
Ganadores y perdedores
Para las empresas, el panorama es mixto. La mayor oferta importada desafía a la industria local, pero esta puede destacar si adapta su calidad y aprovecha la transición de un año con certificaciones vigentes. Organismos como IRAM, aunque ya no obligatorios, seguirán siendo un sello voluntario de prestigio.
Un equilibrio delicado
La desregulación eléctrica apuesta por la eficiencia y el libre mercado, con beneficios claros en agilidad comercial. Sin embargo, su promesa se tambalea si la fiscalización falla o las certificaciones aceptadas no son confiables. En un país con una infraestructura eléctrica única, el éxito de esta reforma dependerá de un control estatal mínimo pero efectivo y de consumidores informados. Sin ese balance, la libertad económica podría costar caro en seguridad. Solo el tiempo dirá si esta apertura protege o expone a los hogares argentinos.
Ingeniero Néstor Aguirre - MP 1341-ET
