La causa secuestrada: kirchnerismo y La Cámpora, la memoria como botín
A 50 años del golpe de Estado más cruel que sufrió nuestra Nación, la democracia argentina se enfrenta a una paradoja bochornosa que debería llenarnos de vergüenza colectiva.
Mientras la sociedad conmemora una fecha que debería unirnos en el repudio al terrorismo de Estado y en la defensa irrestricta de los derechos humanos, el kirchnerismo y su agrupación militante, La Cámpora, han vuelto a demostrar que para ellos la memoria es solo un botín de guerra. Lo ocurrido en la marcha del 24 de marzo no fue una conmemoración; fue una operación de fagocitación política, un intento desesperado por secuestrar el aniversario de medio siglo del golpe para usarlo como escudo de una causa personal, mezquina y electoral: la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. No es la primera vez que asistimos a esta ceremonia de la hipocresía.
Fue un modus operandi que ya tiene larga data en el kirchnerismo: la apropiación y cooptación de los derechos humanos como herramienta de acumulación de poder. Desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la causa de los 30.000 desaparecidos, que es patrimonio de todos los argentinos sin distinción de color político, fue transformada en una herramienta sectaria.
Se cooptaron los organismos de derechos humanos, vaciando de sentido original la movilización del 24 de marzo para convertirla en una vidriera partidaria. Se construyó un relato hegemónico que, con financiamiento estatal y utilización indebida de los recursos públicos, falseó la historia para que una facción política se erigiera como la única depositaria de la verdad y la justicia.
Esta estrategia convirtió la política de derechos humanos en un instrumento para construir nuevas mayorías y excluir a quienes no formaban parte del movimiento oficialista, hostigando a figuras históricas como Graciela Fernández Meijide por el solo pecado de no adherir a los dogmas impuestos o atreverse a expresar opiniones divergentes. Lo que alguna vez fue un consenso republicano se transformó en una suerte de secta donde la pureza ideológica se medía por la lealtad a los Kirchner, y donde se omitió sistemáticamente a las víctimas de la violencia política estatal previa a 1976, como la Triple A durante el gobierno peronista, mientras se ignoraba también el accionar de las organizaciones armadas de los años setenta.
Todo ello con un objetivo claro: construir una narrativa que absolviera al peronismo de sus responsabilidades históricas mientras los Kirchner se erigían como los únicos defensores de los derechos humanos, un oportunismo político que alcanzó su punto más bajo cuando Néstor Kirchner, que hasta llegar a la presidencia jamás mostró interés por esta causa, utilizó el cuadro de Videla en el Colegio Militar como una escalinata mediática para obtener fueros y el apoyo de la izquierda setentista.
Pero si grave fue la apropiación de los derechos humanos, no menos condenable resulta el vaciamiento que el kirchnerismo perpetró sobre el Partido Justicialista. Porque para comprender la magnitud del fenómeno que hoy vemos desfilar con las consignas de "Cristina Libre" bajo el paraguas de los 30.000, debemos recordar que esta misma lógica de usurpación se aplicó también al peronismo.
El kirchnerismo no solo tomó las estructuras del partido; se adueñó de su historia, de su identidad y de sus símbolos más sagrados para subordinarlos a los intereses de una facción familiar. El peronismo, que durante décadas fue un movimiento de masas con estructura federal y debates internos genuinos, fue reducido a una organización de siervos donde la única voz autorizada era la de Cristina Fernández de Kirchner.
Los símbolos que los trabajadores y el pueblo construyeron a lo largo de generaciones fueron profanados uno por uno. La imagen de Eva Perón, que representa la lucha por la justicia social y la dignidad de los humildes, fue utilizada como estampa de campaña electoral mientras se desmantelaban las políticas de inclusión que ella simbolizaba.
La "Patria Peronista", que alguna vez significó soberanía económica e independencia política, se convirtió en una excusa para justificar alianzas con sectores de izquierda radical que históricamente vilipendiaron al movimiento. El 17 de octubre, fecha sagrada para los peronistas, fue resignado como una jornada más de movilización kirchnerista donde la lealtad al líder reemplazó a la memoria de los cabecitas negras que cambiaron la historia.
El Partido Justicialista, que nació como herramienta de liberación nacional y justicia social, fue transformado en una estructura de mera administración electoral al servicio de los Kirchner, donde las internas partidarias fueron eliminadas, las voluntades territoriales avasalladas y los cuadros históricos desplazados por jóvenes militantes cuya única virtud era la obediencia debida a la conducción nacional.
Lo que alguna vez fue un movimiento federal con líderes en cada provincia fue reemplazado por un sistema de delegados designados desde el poder central, reproduciendo en su interior la lógica verticalista que tanto criticaban en otros. El kirchnerismo no solo se apropió del Partido Justicialista: lo vació de su alma, lo despojó de su doctrina y lo convirtió en un cascarón vacío al servicio de una familia.
En este esquema de apropiación y vaciamiento, La Cámpora ocupa un lugar central como brazo ejecutor. Esta organización, que se presenta como la "juventud militante", no es más que la correa de transmisión de los intereses de una familia que confundió al Estado con su quinta personal. Lo que vimos el 24 de marzo de 2026 es la síntesis perfecta de esta lógica: una movilización que se inició en la ex ESMA, el lugar más sagrado de la memoria argentina, para terminar coreando consignas partidarias frente al domicilio de una condenada por corrupción.
La columna de La Cámpora no partió hacia Plaza de Mayo con el único objetivo de honrar a las víctimas; hicieron una parada programada, casi una liturgia mediática, frente al edificio de la calle San José 1111, y allí, mientras las banderas de los organismos de derechos humanos eran utilizadas como telón de fondo, la consigna más repetida no era "Memoria, Verdad y Justicia", sino "Cristina Libre".
El saludo desde el balcón de la condenada, transmitido en vivo por las cadenas de noticias, fue el clímax de una operación política que no tuvo pudor en mezclar el reclamo por los 30.000 desaparecidos con la defensa de una dirigente procesada por administración fraudulenta.
Las declaraciones de Máximo Kirchner no hicieron más que confirmar esta perversión: el diputado nacional y líder de la organización afirmó que su madre está "injustamente secuestrada y proscripta" por el poder judicial, equiparando tácitamente la prisión domiciliaria de una exmandataria con el secuestro y desaparición forzada de decenas de miles de argentinos.
Esta comparación no es un exabrupto menor: es la esencia misma de la apropiación kirchnerista. Para ellos, la causa de los derechos humanos no es más que una extensión de su propia causa personal, y la memoria de los 30.000 es apenas un escenario más donde montar la escenificación de su propia épica.
Lo ocurrido en la marcha del aniversario de los 50 años del golpe es, entonces, la síntesis de décadas de apropiación sectaria. La decisión de los líderes de La Cámpora de integrar el reclamo por la libertad de su jefa política en el mismo espacio simbólico donde se exige justicia por los crímenes de lesa humanidad es, lisa y llanamente, un acto de profanación moral.
No es memoria lo que allí se construye, es un termómetro electoral; no es defensa de los derechos humanos, es un uso faccioso del dolor ajeno. El kirchnerismo ha logrado establecer una hegemonía interpretativa que excluye otras experiencias de violencia y que ha "indultado" ante la opinión pública las responsabilidades de otros sectores del peronismo en el terrorismo de Estado previo al golpe.
Tal como señalan los textos que fundamentan esta nota, el kirchnerismo "se robó" el recuerdo de la historia común de los argentinos para fines partidistas, y ahora, con La Cámpora como punta de lanza, intentan robarnos también el sentido mismo de la conmemoración, transformando el 24 de marzo en una fecha más del calendario electoral de una familia.
La democracia y los derechos humanos son de todos los argentinos, no de una facción. Esta es la premisa fundamental que el kirchnerismo viola sistemáticamente desde hace más de dos décadas. Al igual que usurparon el Partido Justicialista y sus símbolos más sagrados para someterlos a los intereses de una familia, cooptaron la causa de los derechos humanos para construir un relato excluyente que los colocara a ellos como los únicos custodios de la verdad.
Pero la verdad no pertenece a un gobierno, ni a una agrupación, ni a una dirigente procesada; la memoria debe ser un territorio libre de apropiaciones. Defender los derechos humanos es también defenderlos de quienes, bajo el disfraz de la épica, intentan devorarlos para justificar sus propios desmanes.
No podemos permitir que el 24 de marzo, fecha que nos convoca a todos los argentinos más allá de nuestras diferencias políticas, sea secuestrado por una organización que confunde los intereses de una familia con los intereses de la Nación. El kirchnerismo se robó el recuerdo de la historia común, usurpó el Partido Justicialista, profanó sus símbolos sagrados y vació de contenido su doctrina, y ahora pretende robarse también la memoria de los 30.000 para justificar los fueros de una condenada.
Es hora de decir basta. Es hora de devolverle la causa de los derechos humanos a todos los argentinos, sin militancia, sin relatos, sin rejas ni balcones.
Porque la memoria, la verdad y la justicia no se negocian, no se apropian, no se faccionalizan: son patrimonio de todo un pueblo que merece honrar a sus muertos sin tener que arrodillarse ante los intereses de los vivos.