La cuenta regresiva de la justicia: ¿fin de ciclo para Cristina Kirchner?
En el complejo tablero político argentino, la figura de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un epicentro de debate y expectativa. En este 2025, la atención se posa nuevamente sobre ella, no solo por su eventual participación en el escenario electoral de medio término en la provincia de Buenos Aires, asumiendo su postulación como candidata a diputada, sino por la inminente definición judicial que podría sellar su destino.
La gran pregunta que resuena y acrecienta la incertidumbre es contundente: ¿La eventual candidatura de CFK busca una vez más evitar el accionar de la justicia, o su estrategia política ya contempla un escenario de condena inminente?
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 sentenció a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta condena inicial se dictó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la Causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz a la empresa de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.
En aquel momento, CFK no fue a prisión debido a los fueros que le otorgaba su cargo de vicepresidenta, que le conferían inmunidad de arresto, y cuya remoción hubiera requerido un juicio político. Es importante recordar que la fiscalía había solicitado una pena significativamente mayor, de doce años de cárcel, por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado.
La saga judicial continuó. El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo del Tribunal Oral en el caso Vialidad, pero con una salvedad crucial: descartó la aplicación del delito de asociación ilícita. in embargo, la tensión volvió a escalar cuando el fiscal Mario Villar pidió que se incorpore nuevamente la figura de asociación ilícita, lo que, de ser aceptado, podría elevar la condena a los doce años inicialmente solicitados, una postura que encontró respaldo en el Procurador General, Eduardo Casal.
Es en este punto donde la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión final. La espera de esta confirmación (o no) de la condena no es solo un trámite legal; es un factor determinante que mantiene en vilo al escenario político y social argentino. Mientras para una parte de la sociedad y el arco político los elementos de la causa son contundentes pruebas de corrupción que exigen una condena ejemplar, otro sector, ferviente defensor de la exmandataria, lo considera una clara venganza política destinada a proscribirla y sacarla de la escena pública por temor a su influencia.
Esta inminente determinación de la Corte ha encendido las alarmas en el kirchnerismo. De hecho, la posible confirmación de la condena ha motivado que dirigentes y legisladores peronistas a convocar a una reunión en la sede partidaria del PJ para analizar los pasos a seguir. Desde el espacio no descartaron la posibilidad de convocar a una movilización, eco de la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien, desde Corrientes, pidió a sus seguidores "estar atentos" ante la posibilidad de que la metan "presa", reforzando la narrativa de persecución.
¿Qué consecuencias tendrá esta resolución para la figura de Cristina Fernández de Kirchner y para el futuro del peronismo y el panorama político nacional? La respuesta, aún en el aire, definirá un antes y un después para el país.