por Una proporción significativa de los incendios en viviendas tiene origen eléctrico. No es un dato menor: significa que casi uno de cada tres hogares que se incendia lo hace por algo que, en la mayoría de los casos, era perfectamente prevenible. Un cable mal conectado, una instalación vieja que nadie revisó, un trabajo hecho por alguien sin habilitación. Cosas que no se ven hasta que ya es tarde.
La electricidad es así. No se huele, no se toca, no avisa. Por eso existe en todo el mundo un conjunto de normas que regulan cómo debe hacerse una instalación eléctrica. En Argentina, quien produce y actualiza esas normas desde hace más de cien años es la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Su reglamento no responde a intereses sectoriales: está basado en estándares internacionales y tiene un solo objetivo, que las instalaciones eléctricas no maten gente ni destruyan casas.
El problema es que conocer esas normas no es lo mismo que estar obligado a cumplirlas. Y en Jujuy, hoy, nadie está legalmente obligado.
El dato incómodo: incendios que no fueron "mala suerte"
Cuando se incendia una vivienda o un comercio, solemos hablar de "tragedia" o "mala suerte". Pero los números dicen otra cosa. Detrás de esas estadísticas hay escenas que muchos jujeños reconocen: casas ampliadas de a poco donde se suman habitaciones y artefactos sin recalcular nunca la instalación; comercios que agregan freezers, hornos y equipos de aire acondicionado a tableros viejos; zapatillas recargadas, cables pelados, conexiones hechas "por un conocido que se da maña".
Nada de eso es azar. Son fallas de sistema: hogares y negocios que crecieron sin acompañamiento técnico, normas que existen, pero no se aplican, y ausencia de una política integral de seguridad eléctrica.
Lo que falta en la mayoría de las casas
Muchos de los hogares en Jujuy consideran que tienen una instalación segura, pero en realidad no tienen los requisitos mínimos indispensables para que una instalación sea segura: la puesta a tierra, el conductor de protección y el disyuntor diferencial. Los tres trabajan juntos y se necesitan mutuamente.
Hay una confusión muy común que vale la pena aclarar. La llave térmica, esa que salta cuando se va la luz por conectar demasiadas cosas, protege al cable, no a la persona. Para eso existe el disyuntor diferencial: detecta en milisegundos que la corriente está yendo a donde no debe, al cuerpo de una persona, al de un animal, y corta antes de que el daño sea irreversible. Son dos protecciones distintas, con funciones distintas, y las dos son necesarias.
La gente no los tiene, pero no es porque sean caros ni porque no le importe su seguridad. Es porque nadie le explicó que los necesita. Y tiene sentido: ¿por qué saberlo, si nunca nadie se lo exigió?
Obras que se ven vs. prevención que no luce
En Jujuy cortamos cintas por plazas, pavimento y luces nuevas. Pero casi nunca hablamos de algo que, silenciosamente, se lleva vidas, casas y negocios. La política suele enamorarse de las obras que se ven. Pero muy pocas veces se celebra un tablero eléctrico bien dimensionado, una puesta a tierra en condiciones o una escuela que renovó su instalación antes de que se incendiara.
Una instalación eléctrica segura no luce en redes sociales. Nadie hace un acto por una casa que no se incendió, por un comercio que no perdió todo su stock por un cortocircuito. Sin embargo, esa prevención invisible es tan o más importante que muchas obras vistosas.
Qué cambia una Ley de Seguridad Eléctrica
El objetivo es sencillo: que la electricidad, que ya es una necesidad básica, no se convierta en un riesgo innecesario. Entre sus puntos principales:
Registro obligatorio de instaladores eléctricos: que las instalaciones relevantes solo puedan ser realizadas por personas con formación acreditada y matrícula vigente.
• Certificado de instalación segura: así como nadie habilita un local gastronómico sin condiciones mínimas de higiene, la ley propone que no se habiliten instalaciones en inmuebles sin una verificación básica emitida por un profesional registrado.
• Controles progresivos: priorizar primero los lugares de mayor riesgo (escuelas, hospitales, comercios con alto consumo) y avanzar con plazos claros, sin lógica puramente punitiva.
• Campañas masivas de concientización: la ley no puede limitarse a lo técnico. Requiere acompañarse de campañas en medios, escuelas y barrios sobre riesgos cotidianos, disyuntores y puesta a tierra.
En todo el país, solo tres provincias tienen una ley que hace obligatorio instalar estas protecciones: Salta desde 2007, Córdoba desde 2015, y Santa Cruz. El proyecto de ley nacional perdió estado parlamentario sin llegar a votación. En Jujuy presentamos un proyecto ante la Legislatura en 2024, que nació de la Comisión de Eléctricos del Colegio de Ingenieros. Ingresó. No fue tratado.
Un sistema que el contexto dejó atrás
Las últimas décadas transformaron radicalmente el consumo eléctrico en Jujuy. La incorporación masiva de tecnología doméstica y comercial, el crecimiento explosivo de nuevos usuarios, la multiplicación de artefactos de alto consumo y la expansión de los barrios cambiaron una realidad para la que los mecanismos de control existentes nunca fueron diseñados. No es que el sistema falló: es que el contexto lo superó.
Hoy existe un trámite que, en teoría, debería garantizar un mínimo de seguridad: para habilitar el servicio eléctrico, la distribuidora le exige al usuario un certificado de que la instalación fue revisada. Ese trámite se gestiona ante el municipio, que debería enviar un inspector. Pero la cantidad de nuevos usuarios, la escasez de profesionales especializados y los recursos limitados hacen que esa inspección sea, en muchos casos, imposible de sostener en la práctica. El papel existe. La verificación técnica real, no siempre.
A eso se suma un problema de concientización: muchos usuarios desconocen que contratar a alguien sin matrícula habilitante los deja completamente desprotegidos ante cualquier siniestro. No hay responsable técnico identificable, no hay seguro que aplique, no hay nadie que responda.
Con una ley de seguridad eléctrica, ese circuito cambia de raíz. Un electricista matriculado inspecciona, certifica y se hace legalmente responsable de lo que firma. Si algo falla, hay alguien que responde. Hoy, no hay nadie.
Cuánto vale una vida comparada con una obra
La pregunta incómoda, pero necesaria: ¿cuánto cuesta implementar esta ley, registro de instaladores, controles básicos, campañas de concientización, y cuánto cuesta humana y económicamente, seguir tolerando decenas de incendios evitables al año?
Cada siniestro implica pérdidas materiales, atención médica, intervención de bomberos y, en los peores casos, vidas truncadas. El Estado termina pagando dos veces: primero por no prevenir y después por intentar reparar. Es mucho más barato evitar el incendio que apagarlo.
Entiendo que hay muchos proyectos y muchas prioridades. Pero me cuesta aceptar que hacer una instalación peligrosa en una casa de familia no tenga consecuencias para quien la hizo. El riesgo queda en la pared. La responsabilidad, no.
Mientras esperamos que la Legislatura retome el tema, el trabajo técnico y el diálogo institucional continúan en distintos ámbitos. Hay voluntad, hay diagnóstico y hay herramientas. Lo que falta es decisión política. El riesgo eléctrico no espera los tiempos legislativos.
En Jujuy, si alguna vez contrataste a alguien para hacer un trabajo eléctrico en tu casa, te hago una pregunta: ¿sabés si tenía matrícula habilitante? ¿Alguien verificó que lo que quedó instalado era seguro? Probablemente no. Y no es culpa tuya, porque no hay ninguna norma que te obligue a pedirlo ni nadie que te lo exija.
Las obras vistosas seguirán siendo necesarias. Nadie propone dejar de hacer plazas o pavimento. Pero las leyes que salvan vidas, aunque no se vean en las fotos, son las que definen si un Estado está realmente presente o solo hace escenografía.
Eso es exactamente lo que queremos cambiar.
