Si pensábamos que la política nacional entraría en un impasse, tras el recambio de autoridades legislativas, nos equivocamos. El cese de la compulsa electoral no trajo el descanso, sino un ruido sin precedentes en el Congreso, que actúa como sismógrafo de una profunda reestructuración partidaria. La intervención de los gobernadores, poco habitual en la Cámara Baja, no es un capricho: es una necesidad impulsada por el resultado de las urnas y la urgencia que tienen los gobernadores de gestionar sus territorios. El mensaje es claro: la lealtad ideológica cede ante la gestión provincial.
La tensión en Unión por la Patria es el síntoma más visible de esta nueva era. El riesgo de que el peronismo pierda su primera minoría en Diputados es real, empujado por figuras como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes coquetean con la ruptura o la formación de un interbloque. Este movimiento tiene un único motor: despegarse de la oposición férrea vinculada a la conducción de Cristina Kirchner y ganar flexibilidad para negociar. Los gobernadores reclaman "dejar de votar todo en contra" y buscan un margen de acción que les permita gestionar para sus provincias con la vista puesta en el 2027. No se queda atrás Gerardo Zamora (Sgo. del Estero - ex Fuerza Patria), que anunció que formará su propio bloque.
Aunque en el Senado el bloque de UxP se muestre más sólido, la presión territorial se manifiesta en la creación de otros bloques - como el Frente Cívico por Santiago de Gerardo Zamora, que ya anunció su desprendimiento— y en los reclamos puntuales o los senadores nucleados en Convicción Federal —donde se inscribe la jujeña Carolina Moisés.
La crisis, sin embargo, no es exclusiva del peronismo. El radicalismo atraviesa su propia debacle, enfrentando la bancada de Diputados más reducida desde el regreso de la democracia y una parálisis en la sucesión de autoridades en el Comité Nacional.
Mientras Alfredo Cornejo (Mendoza) presiona para que la UCR se fortalezca sin interbloques con La Libertad Avanza, la incertidumbre crece en torno a la irrupción de Provincias Unidas. Este nuevo espacio, que se lleva a "boinas blancas" en Diputados, es la máxima expresión de cómo la defensa de los intereses territoriales se impone a la orgánica partidaria nacional.
En este tablero volátil, no se descarta que algunos gobernadores peronistas y sus pares de Provincias Unidas puedan hacer que sus senadores confluyan en una suerte de interbloque federal. El objetivo sería juntar suficientes bancas como para superar en número a la UCR y disputar lugares en las comisiones parlamentarias.
Para Jujuy, este panorama impone a sus líderes —principalmente en la figura del gobernador Carlos Sadir, y a su bloque en el Congreso— la urgencia de definir su posición en un escenario donde los aliados se miden por capacidad de gestión y no por color partidario. La nueva política es una de negociación permanente, donde la capacidad de articular alianzas y priorizar los pedidos de la provincia será la única métrica de éxito. Esta redefinición de prioridades es la consecuencia directa de la lección del 26 de octubre, que llamó a "trabajar duro para ganar en 2027".